Camilo Ponce Enríquez: el Estado opera con temor a los criminales
A territorios del cantón azuayo se ingresa solo con planificación previa y en conjunto. Se evita hablar sobre seguridad
Un total de 48 horas fueron suficientes para evidenciar cómo las autoridades actúan con cautela por miedo a dar un paso en falso y convertirse así en una nueva víctima de la violencia criminal en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
Un equipo periodístico de Diario EXPRESO viajó hasta el sector minero Muyuyacu, donde se han registrado tres masacres que han dejado, según cifras oficiales, 19 fallecidos como víctimas de enfrentamientos entre grupos delictivos que tratan de apoderarse de tres minas en dicho territorio.
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Estos lugares fueron intervenidos por el Bloque de Seguridad, después de las muertes violentas registradas se hizo el levantamiento de cadáveres y la recolección de evidencia. Según pobladores cercanos al lugar, casi todas las noches hay balacera.
“Esto en la noche es peligroso, no pasa nadie, solo se escuchan motos a toda velocidad y después de un rato las detonaciones”, expuso una comerciante del lugar, quien prefirió no ser identificada.
El equipo de este periódico solo pudo ingresar a la mina La Tormenta con custodia militar, en el sector El Calvario, que se encuentra a la mitad de la altura del cerro. Aparentemente está abandonada, pero ahí la escena del crimen permanece casi intacta, aún hay restos de municiones de fusiles, cenizas de la incineración de gran parte del lugar y comida en estado de putrefacción.
La zona es boscosa y de difícil acceso, pero poco tiempo después de hacer la reportería de los momentos de horror fue el mismo jefe de la tropa quien pidió agilizar la documentación del lugar porque observaron movimiento en la parte alta del cerro, y comentó: “Nos están mirando, ya tenemos que salir”.
La delegación salió de la infraestructura junto con la custodia de seguridad, pero no se permitió realizar entrevistas a ciudadanos en el caserío cercano llamado La Independencia.
Se argumentó que era una medida de prevención, pues no se podía identificar si el ciudadano iba a ser un “informante de las mafias” o no. Así que los diálogos se dieron en un poblado que está más adelante.
"Los informantes están en todos lados", según la Policía
Ya en la ciudad, se intentó reportear en una zona cercana en donde se detectó excavaciones mineras presuntamente legales, se solicitó ayuda a la Policía Nacional para reportear en el lugar, pero se negó el acceso bajo la justificación de que sería “exponerse a un riesgo inminente” de un ataque armado y porque personas en motocicletas empiezan a rondar a los visitantes.
Se pidió entonces utilizar un dron en la vía Panamericana E25, que atraviesa la ciudad y se usa como calle principal para poder captar la extracción minera que está a pocos metros. Pero también se rechazó la solicitud, ya que han detectado que los informantes están “en todos lados”. Finalmente, se realizaron tomas desde un lugar que ellos consideraron seguro.
Esta institución recibió un refuerzo de 50 uniformados de unidades especializadas hace un mes y que en ese momento estaban en labores de inteligencia. Esperan recibir otros 50 compañeros en los próximos días.
Tampoco fue posible ser parte de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional porque resaltaron que por el momento no se ha confirmado el desarrollo de alguna intervención de ese tipo. Lo propio con los recorridos de los equipos de refuerzo que llegaron de otras provincias. Especialmente porque no tenían mayor conocimiento de las acciones de ellos.
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Durante la cobertura periodística no se observó ningún gran operativo de control. Hubo uno en el que se revisaron vehículos por parte de militares, se encontró municiones, un arma de fuego y una bengala para pesca en los dos primeros carros inspeccionados.
Al igual que las declaraciones provenientes de la milicia, se puntualizó que casi toda la población tiene relación con la minería, ya sea de forma directa o indirecta, y que cualquier movimiento puede interpretarse negativamente por los informantes.
Según datos destacados por el gobierno local, más del 85% de la población minera del Azuay opera en ese cantón. Y la estimación de producción anual de oro es de 65.000 onzas por parte de la pequeña empresa y mineros artesanales legales.
No hay vigilancia en Ponce Enríquez pese al estado de excepción
Los moradores de “la Ponce”, como suelen llamar a la ciudad, se quejaron de la carencia de vigilancia militar y policial, a pesar de que está bajo un estado de excepción desde el pasado 2 de julio hasta el 2 de septiembre.
“Solo los hemos visto después del asesinato del alcalde José Sánchez, que fue en abril, porque cuando han ocurrido las muertes en las minas se quedan por allá”, dijo el dirigente barrial Margencio Gutiérrez.
También se trató de entrevistar a la alcaldesa Magali Sánchez, quien asumió el cargo tras el crimen del primer edil. Su equipo de comunicación anunció que no iba a ser posible, ya que estaba en sesión de concejo y que al finalizar debía viajar “urgentemente” a Cuenca para una reunión en la Prefectura del Azuay, no revelaron su hora de retorno.
Al día siguiente, comentaron que viajaba a Quito para comparecer en la Asamblea Nacional, pero no precisaron a qué mesa legislativa ni sobre qué tema.
El objetivo de la cita requerida era conocer sobre las acciones de coordinación con el gobierno central para la seguridad en el territorio, los operativos contra la minería ilegal, medidas aplicadas entre otros temas.
En relación con la agencia de control para la minería, ni siquiera había personal disponible para una declaración porque todos fueron removidos a finales de julio y esperaban aún la designación de nuevas autoridades.
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