El Estado pone cifra al perjuicio de Odebrecht: $ 300 millones
Enfrentado por el Poliducto Pascuales-Cuenca, Petroecuador alista una demanda por daños. La firma brasileña reclama a su vez al país $ 174 millones
Petroecuador ya tiene definido cuánto quiere que le pague Odebrecht por el perjuicio del poliducto Pascuales Cuenca. El Estado reclama a la constructora brasileña 300 millones de dólares en daños y perjuicios por los incumplimientos en una obra que le costó al país 464 millones de dólares y cuyo contrato terminó de forma unilateral y anticipada por fallas estructurales.
Pero para conducir esa demanda con la brasileña, rebautizada como CNO S. A. como parte de su lavado de imagen, la petrolera estatal opta por un patrocinio jurídico externo.
Un millón de dólares destinará al estudio del abogado cuencano Andrés Cordero Torres para que asuma la acción legal, según el contrato que fue adjudicado el domingo 14 de junio, de acuerdo a la información del portal de Compras Públicas.
Cordero es especialista en asesoría jurídica de empresas y en Derecho Procesal. Su hoja de vida profesional reseña que ha prestado servicios a compañías en todos los ámbitos relativos a sus negocios, y que es abogado litigante en materia constitucional y contencioso administrativa. Petroecuador consideró que él cumple con el perfil profesional requerido para este caso.
Las pérdidas sufridas, según la petrolera estatal, serán validadas por peritos debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la administración de la empresa pública no entregó a EXPRESO información solicitada sobre cómo se ha calculado ese monto de indemnización y cuánto correspondería a daños patrimoniales, no patrimoniales, emergentes o lucro cesante.
La demanda se presentará apenas se reanude la jornada laboral presencial en el Consejo de la Judicatura, pero Petroecuador tampoco ha resuelto las consultas de este Diario sobre el conflicto legal con Odebrecht por la obra.
El poliducto Pascuales Cuenca, contratado en el gobierno de Rafael Correa, es uno de los más cuestionados que se adjudicaron a Odebrecht. Los estudios previos del proyecto recayeron sobre Caminosca y resultaron también señalados. La construcción, en medio de denuncias por sobreprecios y sobornos, presentó al final fallas estructurales que la llevaron al borde del colapso.
La demanda para pedir una indemnización por perjuicios es otro capítulo de un farragoso litigio que el Estado ecuatoriano mantiene con la compañía brasileña por el Poliducto.
Además de los 300 millones de dólares, Petroecuador ya reclamaba desde inicios de año 71,5 millones de dólares reconocidos a su favor como liquidación económica contable por la terminación unilateral y anticipada del contrato. Esa suma resultó del cruce de rubros como descuentos por multas, bienes no entregados, incumplimientos en ejecución de obra e intereses, con los valores que aún estaban pendientes de cancelar desde 2015 a la contratista brasileña que, a su vez, exige una indemnización por 174,7 millones de dólares por la terminación unilateral de 2017.
La asesoría jurídica recientemente contratada por Petroecuador también deberá actuar en este caso, cuya última audiencia para la tramitación del juicio estaba prevista para el 9 de abril, pero fue suspendida por la emergencia sanitaria.
Odebrecht no está de acuerdo con los 71,5 millones de liquidación que favorecen a Petroecuador en esa liquidación económica, y el pasado 11 de marzo, Verónica Lojan, apoderada de la compañía, interpuso una acción contencioso administrativa en contra de Petroecuador.
“La reliquidación notificada por Petroecuador en 2020 no tiene fundamento legal, además de modificar, arbitraria y unilateralmente, un documento que ya está en conocimiento de autoridades judiciales desde 2018”, alega Mauricio Cruz Lopes, director de Odebrecht para Ecuador.
Sobre la indemnización por perjuicios que pretende iniciar Petroecuador, el directivo despeja hacia otros la responsabilidad de las fallas. Dice que ni son atribuibles a su empresa ni al proceso de construcción. Y apunta a la fase previa.
“Tales observaciones ya son materia de una demanda de daños y perjuicios propuesta por Petroecuador en contra de Caminosca (empresa que hizo los estudios previos), a raíz de diferencias originadas en el diseño del proyecto”, apunta el directivo. “Dicha actuación -agrega Cruz- coincide con las observaciones contenidas en el informe contratado por Petroecuador, con la intervención del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), confirmando la existencia de deficiencias de diseño y operación, los mismos que no son responsabilidad de Odebrecht”.
Contratos con sumario judicial
El Estado ecuatoriano y Odebrecht no llegaron a ningún acuerdo para establecer el monto de las indemnizaciones por los daños ocasionados por la compañía brasileña, tras el fracaso de las conversaciones.
La presencia de Odebrecht en Ecuador, iniciada desde 1987, se fortaleció principalmente por sus contratos con las áreas estratégicas del Estado, que le significaron ingresos por más de $ 4.000 millones por concepto de obras, que fueron auditados por la Contraloría.
- Caso. La investigación contra Odebrecht inició luego de que en 2016 EE. UU. revelara que la firma pagó sobornos por obtener contratos con varios gobiernos.
