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Imagen para referenciar el tipo de propaganda electoral con la que se promociona el rostro de candidatos. Muchos de ellos han llegado a la política por su popularidad en espacios mediáticos.Archivo

La popularidad de talentos de pantalla se cotiza en miles de dólares previo a inscripción de candidaturas

En su afán de captar más votos, organizaciones políticas reclutan a rostros mediáticos a cambio de altas sumas de dinero

Un presentador de televisión que prefiere que se mantenga su identidad bajo reserva, a quien llamaremos Luis, le cuenta a Diario EXPRESO que hubo partidos y movimientos políticos que trataron de comprarlo para que asuma una candidatura a concejal de Guayaquil, pero que rechazó las ofertas, incluso antes de que le den una cifra.

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“Un político me dijo: ‘Usted ya tiene la campaña hecha, nosotros tenemos que invertir porque nadie nos conoce’. La vez pasada tuve ofrecimientos de dos partidos. Hay de todo. Hay quienes verdaderamente han trabajado contigo en proyectos y saben de tu capacidad, y otros que te quieren comprar. Eso es lo que a mí más me ofende”, relata Luis sobre esa anécdota, que evidencia una práctica recurrente antes de que se cierre la fase de las elecciones primarias de los procesos electorales. Un secreto a voces que mencionan talentos de pantalla, analistas y expertos electorales.

“Tengo una amiga en particular a la que le ofrecieron más de $ 100 mil para concejal de Guayaquil, pero no aceptó. A otro conocido le ofrecieron como $ 80 mil, $ 50 mil. Lo que más me preocupa es de dónde están sacando esa plata”, dice el presentador de televisión.

Víctor y Paulina, periodistas de noticiarios televisivos, también cuentan, bajo la reserva de su identidad, que recibieron ese tipo de ofertas, aunque el monto ofrecido era menor; oscilaba entre los $ 15 mil y $ 50 mil. Tampoco aceptaron porque “no es ético” y evitaron nombrar a las organizaciones políticas que los contactaron.

Jorge Vélez, exdirector provincial de Centro Democrático (CD), quien apoya actualmente la candidatura de Marcela Aguiñaga a la Prefectura del Guayas, comenta que “hay un rumor” sobre ese tipo de práctica. Y para evitar la estigmatización de los personajes de pantalla menciona el derecho de los ecuatorianos para elegir y ser elegidos, aunque sí cree que los aspirantes deben tener un conocimiento específico para el cargo que aspiran.

“Que por ejemplo se conozca al revés y al derecho el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización)”, sostiene Vélez, quien es asambleísta alterno por la organización correísta Unión por la Esperanza (UNES).

Para los analistas consultados este es uno de los tantos problemas que tiene el sistema de partidos, por ende, la democracia. Fausto Camacho, analista en temas electorales y exmiembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestiona la frágil estructura con la que está conformada la mayoría de organizaciones políticas activas.

“El principal problema radica en la calidad de los partidos políticos. La mayor deficiencia es que están divorciados en muchos de los intereses ciudadanos. Un segundo gran problema tiene que ver con su ilegitimidad de nacimiento, porque la gran mayoría de organizaciones sustenta su registro electoral en afiliaciones y adhesiones falsas”, indica Camacho y añade la falta de alternativas de formación política en el interior de los colectivos, de procesos reales de elecciones primarias, de un cambio generacional de potenciales candidatos, aquellos que busquen un cargo para ayudar a los ciudadanos de su jurisdicción.

El uso de firmas falsas para dar vida a un sinnúmero de organizaciones políticas se evidenció con la denuncia ciudadana masiva en 2012. La periodista Daniela Aguilar fue víctima de ese fraude. Pese a no haber firmado afiliaciones o adhesiones aparecía en ocho ocasiones en los registros del CNE.

Medardo Oleas, expresidente del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), también señala que el uso de rostros conocidos es parte de una suerte de salvavidas para los partidos y movimientos. “Porque la Ley (electoral) dice que si una organización política no tiene el 4 % de votos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, por ejemplo, es borrado de los registros. Entonces lanzan candidatos, pero eso no es democracia”, apunta.

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El interés de partidos y movimientos políticos también está en captar espacios en las instituciones públicas para ganar poder y posiciones en la toma de decisiones, en los casos en que se paga por un espacio para ser candidato o en que se financia el reclutamiento de un personaje popular, apunta Gabriel Hidalgo Andrade, analista político.

"Hay una máxima en las campañas electorales de un autor colombiano: 'El que paga para llegar, llega para robar'. O sea el que compró la candidatura, en $ 60 mil, $ 80 mil, que eso sucede, y de llegar al cargo con un sueldo de entre $ 2.500 y $ 4.000, ¿cuándo va a recuperar la inversión? ¿En 10 meses? Y además le costó $ 50 mil la campaña. ¿Cuándo van a recuperar? En 20 meses. No. Esos llegan a robar", analiza Hidalgo.

Añade: "La única manera de poner en marcha su plan de recuperación de la inversión es acorralar al alcalde con procesos de fiscalización, de sabotaje político, denuncias falsas para que eso le permite tener acceso a la distribución de los contratos públicos".

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, señala a EXPRESO que la práctica de “alquiler de espacios” podría darse en organizaciones que carecen de estructuras para definir candidaturas y aclara que el Código de la Democracia no registra una infracción que se enmarque en esa conducta.

“Es necesario que esto se incluya en una futura reforma de la ley. La reforma también tiene que apuntar a reducir el número de organizaciones políticas. Por otro lado, los requisitos para ser candidato deben ser más exigentes”, señala Pita.

El funcionario agrega que la Asamblea Nacional trabaja en esas modificaciones, aunque los avances, dice, dependerán del interés que tengan los legisladores en fortalecer la democracia. Uno de esos ajustes está relacionado con la exigencia de que los partidos y movimientos políticos manejen reales procesos de afiliación, para que solo los afiliados puedan escoger a su directiva o buscar una candidatura a través de una elección primaria con voto secreto.

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Analistas ven con un poco de escepticismo esa tarea en el legislativo, ya que hay sectores a los que no les conviene un cambio en la ley, porque muchos asambleístas llegaron a su cargo de esa marea de movimientos locales.