Posible víctima y procesados han muerto esperando un juicio

Los procesados: militares en servicio pasivo. Las posibles víctimas: exmiembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) que actuó entre 1984 y 1988. Llevan casi ocho años esperando el juzgamiento de un caso de presunta lesa humanidad.

Al menos tres sospechosos del supuesto ilícito y una probable víctima han fallecido. El caso inició en 2013. Derivó del informe de la Comisión de la Verdad formada por el expresidente Rafael Correa en 2010 y que señaló al menos 117 posibles causas.

Se trata del caso conocido como Cajas, Vaca, Jarrín. Los miembros del grupo subversivo autor de secuestros, atentados con bombas y asesinatos en el país, Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, denunciaron haber sido detenidos por militares en Esmeraldas cuando habían acudido a una asamblea del grupo subversivo.

Era el gobierno del expresidente ya fallecido León Febres Cordero que gobernó el país entre 1984 y 1988. Ese régimen se vio azotado por la violencia generada por esa agrupación.

Detención ilegal y torturas. Fueron parte de las acusaciones de las posibles víctimas. La judicialización del caso se dio 28 años después de los supuestos hechos. Inició contra seis generales y cuatro coroneles (sp) por su posible responsabilidad en la probable detención ilegal y torturas. Cajas tenía 21 años.

En 2013 relató que en Esmeraldas los tres tomaban un refresco cuando apareció un carro de militares y les pidió documentos. Fueron llevados a la Brigada e interrogados. En el gobierno de Correa, Cajas era legisladora suplente por el correísmo.

De ocho enjuiciados (casi todos de tercera edad), tres ya fallecieron. El general (r) Édgar Vaca (único policía involucrado) y los oficiales retirados Jorge Asanza y Guillermo Rodríguez. Una posible víctima, Luis Vaca, murió.

Los procesados tienen, entre otras medidas alternativas: arresto domiciliario, presentación periódica y prohibición de salida del país. ¿Por qué no se instala el juicio? Xavier Mejía, defensor de uno de los sospechosos, cree que una de las razones es la coyuntura política. “Si una sentencia no se pudo conseguir cuando Correa, quien le metió la mano a la justicia, era presidente, significa que es un caso débil”, afirma.

En el primer intento por instalar el juicio acudió toda la cúpula militar a la audiencia que se suspendió. Ha habido al menos seis intentos por juzgar a los sospechosos. Pero ninguno prosperó por pedidos de diferimiento de los abogados, de las víctimas. El último fue solicitado por el fiscal subrogante Wilson Toainga, justificando que debía asistir a la audiencia en el caso Las Torres.

Mejía explica que en el caso no es solo la sentencia contra cinco personas. La resolución “podría cambiar la historia porque daría la razón a hipótesis no comprobadas por la Fiscalía”, asegura. A la coyuntura política suma un posible temor de los jueces a la política, miedo de perder cargos, entre otros.

¿Quiénes eran los sospechosos? Raúl Viteri, entonces comandante del Agrupamiento de Inteligencia. El general Édgar Vaca era comandante de la desaparecida UIES de la Policía. Murió en 2017. Guillermo Rodríguez (+), supuesto participante de los operativos. Jorge Asanza (+) era el comandante del Ejército. Luis Piñeiros (suspendido el juicio) era el ministro de Defensa.

Marcelo Delgado era el jefe de Seguridad de la Casa Militar. Mario Apolo, comandante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar, e Ignacio Ron, médico acusado de inyectar suero de la verdad.

Juan Pablo Albán cree que “los intereses, derechos y sufrimiento de las víctimas son irrelevantes para las autoridades”. Añade que “para la actual fiscal y jueces de la Corte, en especial su presidente, los DD. HH. no son prioridad”. Según él, las FF. AA. “siguen teniendo un poder fáctico inadecuado para una sociedad democrática”.

El detalle

Documento. En el informe de la Comisión de la Verdad se recogieron 117 casos de torturas y desapariciones.

Señalamiento

Cuál fue el rol de los investigados

Marcelo Dueñas defendía a Édgar Vaca. Él ve muchas anomalías. Cita aplicación retroactiva de leyes y acomodo a las actuales de un caso que ocurrió hace más de 30 años. Su cliente recibió asilo de EE. UU. y para él ya se declaró prescrita la acción.

El presidente de la Corte, Iván Saquicela, reconoce que el caso debía sustanciarse y que ya ha pasado demasiado tiempo. Pero un retardo en la administración de justicia le corresponde sancionar al Consejo de la Judicatura. Su titular Fausto Murillo ofreció pedir información y emitir un comentario. El vocal Juan José Morillo dijo que para tomar alguna resolución hay necesidad de una queja o denuncia. Al parecer, a ninguna de las partes le interesa presentarla.