La precampaña electoral velada, un secreto a voces que inclina el tablero

El Estado asumirá el valor total de la planilla eléctrica de los hogares que consuman hasta 180 kilovatios por tres meses. Así lo decretó el presidente Daniel Noboa. La medida se anunció luego de un apagón sorpresa que mostraba, nuevamente, la crisis del sector energético del país. La decisión de Noboa, precandidato presidencial, ha sido cuestionada no solo por el uso de los recursos del fisco para una medida no programada, sino porque esta acción buscaría elevar o evitar que siga cayendo la popularidad del primer mandatario y tratar de convencer al electorado de cara a los comicios generales del 2025.

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En un escenario en el que el presidente, incluso antes del inicio de la campaña electoral, puede tomar decisiones que favorezcan su aceptación entre la ciudadanía; ¿cómo esto afecta la lid electoral?

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), fue enfático en indicar que “legalmente no puede haber un presidente-candidato”. La normativa ecuatoriana dispone que los funcionarios que opten por un cargo de elección popular deberán solicitar licencia para hacer campaña. Esto busca que el tablero electoral no se desequilibre y que no se haga mal usos de recursos estatales. El inciso 2 del artículo 93 del Código de la Democracia precisa: “Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.

La interpretación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia es que Noboa no debe solicitar licencia, según se lee en un criterio jurídico elaborado por dicha dependencia. El argumento señala que el mandatario no opta por la reelección sino que se postulará por primera vez para un periodo completo. Esto valió la consulta jurídica que la Presidencia envió al procurador, quien se abstuvo de interpretar la normativa, pues esto le corresponde a la Asamblea Nacional.

En todo caso, cuando un presidente quiere ser candidato, la institución llamada a velar por el cumplimiento de la ley que rige los comicios es el Consejo Nacional Electoral. No obstante, ¿qué sucede cuando las medidas suceden antes de la inscripción oficial de las candidaturas, considerando que, según indicó el expresidente del TCE, el CNE “toma conocimiento desde cuando el señor Daniel Noboa solicite la inscripción de su candidatura y esta quede inscrita”?

Oleas explicó, en referencia a la gratuidad del consumo eléctrico y a la condonación de deudas, que la institución llamada a observar el manejo de los recursos públicos es la Contraloría. “La intención de él (Daniel Noboa) es quedar bien con los sectores populares y justamente no cobrar los servicios de luz... En este momento el CNE no puede hacer nada. Le corresponde a la Contraloría porque hablamos de bienes y recursos del Estado que indirectamente son utilizados para una promoción electoral”.

El director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, Arturo Moscoso, mencionó que el uso de la infraestructura estatal por parte de mandatarios que se postulan para nuevos periodos genera un desequilibrio electoral y recordó que esta no es una dinámica exclusiva de Ecuador, sino que se replica de forma global.

Moscoso indicó que aunque el CNE debe realizar el control electoral, esto no se ejecuta de manera correcta. “Hay un montón de casos en los que el Consejo (Nacional Electoral) no ha hecho nada. Más bien han sido terceras personas las que han denunciado”. Por su parte, Oleas añadió que en el caso del TCE, la entidad no puede iniciar procesos de oficio, siempre se necesita una denuncia para que los magistrados puedan conocer la presunta infracción y se activen sus atribuciones. Es por esto que Moscoso manifestó que aunque se espera que las instituciones busquen garantizar una contienda justa, los ciudadanos también están facultados a realizar el control electoral, “si es que creemos que se está violando la ley y haciendo campaña anticipada o que se están utilizando recursos del Estado para hacer campaña”.

Además del CNE, del TCE y de la Contraloría, la Asamblea Nacional también podría iniciar procesos de fiscalización y, en caso de que existan indicios de responsabilidad penal o administrativa, derivar los informes a la Fiscalía o a la Contraloría, respectivamente. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), en uso de sus atribuciones, podría “establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público” y además puede “instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo”, según lo señala la ley que lo rige en su artículo 5, numerales 2 y 3.

La inscripción de candidaturas empezó el último viernes. Las votaciones serán el 9 de febrero de 2025, según el calendario electoral del CNE.

Popularidad vs. intención de voto

La última encuesta de Comunicaliza mostró que Daniel Noboa, según los encuestados, mantiene una aprobación del 54 %. Sin embargo, su intención de voto es del 32 %. Los expertos resaltan que la popularidad no necesariamente se traduce en votos. Entonces, aunque Noboa tome decisiones como presidente y esto aumente la aprobación de su gestión, esto no le garantiza un triunfo electoral. Esta diferenciación ha sido profundamente estudiada desde las ciencias sociales.

Un mandatario puede ser popular por su gestión en algunos aspectos, pero los votantes pueden priorizar otros temas al momento de votar, como la seguridad, la corrupción, la situación económica.

En Estados Unidos, un caso que explica esto es la derrota del expresidente Jimmy Carter en 1980. Carter, que llegó al poder en 1976, gozaba de altos niveles de aprobación al inicio de su mandato, pero sufrió un desgaste político significativo por la crisis económica, el aumento del desempleo y la inflación. Aunque los votantes lo consideraban un líder ético y honesto, no creían que pudiera resolver esos problemas. Pese a ser popular, Ronald Reagan lo venció en los sufragios.

Algo similar sucedió en el 2013 en Irán con Mahmoud Ahmadinejad, cuyo partido y legado fueron decisivos en la derrota de su sucesor, Saeed Jalili. Ahmadinejad gozaba de popularidad durante su mandato, especialmente entre sectores más conservadores y rurales; pero la mala gestión económica, la alta inflación, el desempleo y las sanciones internacionales por el programa nuclear de Irán erosionaron el apoyo. La popularidad no garantiza la victoria.

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