El precio de reaccionar contra la delincuencia

Han pasado ocho años desde que el cabo segundo de la Policía Nacional, Santiago Olmedo, decidió formar las filas de esta institución. Comenta que aún recuerda el orgullo y admiración que reflejaba la mirada de su madre al despedirlo con una bendición en el ingreso de la Escuela de Formación Policial de Baños.

Santi, como lo conocen sus familiares y amigos en su natal Cotacachi, en la provincia de Imbabura, es el menor de tres hermanos y padre de dos niños de 10 y 2 años. Para él, el apoyo de su esposa, con quien lleva construyendo su hogar desde hace 10 años, ha sido fundamental en medio del proceso legal que se abrió en su contra hace unos meses. “Ella siempre está conmigo. Me dice que la verdad va a triunfar, y yo le creo”.

Olmedo dice que siempre quiso ser policía, pero antes de presentarse la oportunidad, se tituló como licenciado en Ciencias de la Educación, en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra.

Hoy por hoy, la carrera del agente y su accionar han sido materia de debate social y penal tras recibir una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión por el delito de extralimitación de la fuerza, al abatir, el pasado 11 de julio de 2021, a dos de los tres delincuentes que huían luego de amenazar con un arma blanca a un menor de edad.

La sentencia del tribunal de Garantías Penales de Riobamba se sostiene en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que especifica que “el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se configura cuando un miembro de la fuerza pública inobserva el uso progresivo o racional de la fuerza y produce la muerte de una persona”.

La resolución oral emitida la tarde del pasado miércoles 19 de enero, describió que Olmedo, luego de frustrar el robo y ataque al menor de edad, inició una persecución contra el atacante y posteriormente contra sus cómplices, disparándoles por la espalda en reiteradas ocasiones. Por lo que se analizó, si en esta segunda instancia, la amenaza era realmente grave. Determinando que, en el actuar de Olmedo, sí existió una extralimitación de la fuerza, por cuanto los disparos fueron propinados por la espalda y en varias ocasiones.

Por su parte, su abogado defensor, Hugo Espín Tobar, sostiene que hubo una deliberada intención de buscar responsabilidad en Santiago Olmedo sin hacer una verdadera investigación. “Efectivamente, fallecieron dos personas, pero a Fiscalía no le interesa entender por qué esos delincuentes que tenían esa actitud violenta que puso en riesgo la vida de un menor, no huyeron del lugar, sino que esperaron a Santiago Olmedo, metros más adelante, y lo interceptaron para agredirlo. Por lo que tuvo que proceder en su legítima defensa”.

El agente califica el proceso judicial como un calvario, y lamenta que la sentencia otorgada en su contra no haya “tenido objetividad al momento de analizar las pericias y emitir una resolución”.

Asegura que pese a este dictamen, su vocación sigue intacta porque “yo actúe como la ley lo establece, y producto de eso, hoy por hoy, el menor que estaba siendo atacado está a salvo y continúa con su vida. De eso, no me arrepentiré jamás”.