La Presidencia defiende el decreto 500 ante la Corte Constitucional
Sostiene que no es inconstitucional ausentarse del poder por "fuerza mayor" para hacer campaña electoral
Stalin Andino González, Secretario General Jurídico encargado de la presidencia firmó el documento que presentó el Ejecutivo a la Corte Constitucional como respuesta a la demanda presentada por el abogado Gabriel Pereira en contra del decreto 500. Orden que dio el poder por tres días a Cynthia Gellibert mientras hizo campaña electoral con miras a febrero próximo.
El escrito está dirigido a la jueza Karla Andrade Quevedo y señaló que la acción presentada por el abogado no tiene sustento jurídico y es una mera inconformidad. En ese orden, citó al Código Civil para justificar que sus actividades de campaña constituyen fuerza mayor y cita el artículo 30:
“(…) los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, podrían causar una fuerza mayor, más aún cuando no se desarrollan dentro de las competencias y atribuciones que les corresponden" se lee en el archivo.
El documento señala también, que el primer mandatario no está obligado a tomar licencia para participar en actividades proselitistas, argumentando que la normativa vigente presenta ambigüedades.
"En este contexto, ha sido su voluntad continuar ejerciendo su mandato, sin dejar de lado el proyecto político de una eventual elección" responde en el documento de 19 hojas.
Se citó una sentencia de la Corte Constitucional que define la causal de fuerza mayor como un evento imprevisible que impida al presidente ejercer su cargo. Para él, la campaña electoral es una situación excepcional que justifica su decisión de mantenerse en el poder mientras realiza actividades políticas.
Contexto de la controversia
En el escrito se expuso que los hechos ocurridos el pasado 5 de enero, cuando salió al balcón del Palacio de Gobierno para dirigirse a un grupo de simpatizantes el primer día de campaña. Noboa aseguró que la concentración no fue organizada por él ni por ninguna entidad del Ejecutivo, y que su discurso fue un acto de cortesía, sin intenciones de incitar al voto.
Para evitar conflictos relacionados con el uso de recursos públicos y prevenir posibles sanciones por infracciones electorales, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 500, mediante el cual buscaba separar sus actividades de campaña de sus funciones como jefe de Estado. Sin embargo, el decreto fue posteriormente derogado.
Solicitud a la Corte Constitucional
El presidente solicitó a la Corte Constitucional que desestime la demanda en su contra, argumentando que las medidas tomadas fueron necesarias para gestionar una situación excepcional. Además, subrayó que la derogatoria del Decreto 500 refuerza su posición de no haber incurrido en irregularidades.
Noboa enfatizó que su situación es única, ya que combina el ejercicio de la Presidencia con su participación en un proceso electoral, y reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley mientras avanza con su agenda política.
