La Ley de Comunicación recibe 49 objeciones del Ejecutivo

El 89 % de la reformada Ley de Comunicación presenta objeciones del Ejecutivo, 16 de tipo constitucional y 33 por inconveniencia.

En este último grupo, el presidente Guillermo Lasso redactó los textos alternativos, que, en teoría y si hay buena voluntad, deberán reemplazar a los artículos aprobados en junio.

El problema es que el Gobierno tiene poca capacidad de maniobra en la Asamblea. Se necesitan dos tercios de los votos, es decir 92 legisladores de 137 asambleístas, para insistir y aprobar los textos originales.

Dentro de las objeciones por inconstitucionalidad, Lasso y su equipo jurídico se centran en los temas claves: censura, frecuencias, responsabilidad ulterior y penal para los periodistas y editores.

16 objeciones de este tipo deberán pasar a la Corte Constitucional para que analice si violan los derechos a la libertad de expresión, por ejemplo cuando define como contenido comunicacional “todo tipo de información u opinión que se produzca”.

A criterio del Ejecutivo, otro artículo que también riñe con la Constitución es el 18, que habla sobre la prohibición de censura previa. Con la reforma, la censura ya no solo puede provenir de autoridades o funcionarios, sino de accionistas, socios, anunciantes o editores. En el texto se los define disimuladamente como “cualquier otra persona que en el ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión”.

La facultad de la Defensoría del Pueblo para castigar a los periodistas por el contenido que publiquen, o ser sometidos a “acciones civiles o de cualquier otra índole”, incluso de tipo penal, como se define en el artículo 19 (artículo 11 del texto reformado) es parte de las objeciones del Presidente.

Hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, desde el patio central de la Universidad de Las Artes, en Guayaquil, está previsto que dé a conocer oficialmente su veto y los textos alternativos.

De lo que ha trascendido, también el texto sobre el trato preferencial a los medios comunitarios fue observado. El Ejecutivo consideraba que se violaba el derecho a la igualdad cuando a estos medios se les concede el 30 % de la puntuación por acción afirmativa en el concurso de frecuencias, se les pone a competir con los privados por las mismas franjas del espectro y se les da, por ley, el 34 % de la publicidad o pauta de las entidades públicas.

Con el veto parcial, la Asamblea ahora tiene 30 días para incluir los textos del Ejecutivo o para insistir con los suyos. En caso de no alcanzar 92 votos se aprobará lo enviado por Lasso.

• Sanciones

Los legisladores, con las reformas aprobadas, también introducen la figura de los defensores de audiencia y los defensores de lectores. Estos tendrían el rol de mediar entre el periodista y la audiencia. Sin embargo, también a la Defensoría del Pueblo se le da la facultad sancionatoria.

• Gremios

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) pidió en julio al presidente que vete totalmente las reformas a la Ley de Comunicación. Para la AER, la normativa no fue socializada con los radiodifusores ni los medios de comunicación. “El proyecto contraviene derechos como a la libertad de expresión”.

• UNES y PK

El ala “rebelde” de Pachakutik y el correísmo son los principales impulsores de las reformas a la Ley de Comunicación. Marcela Holguín, legisladora de UNES, ha dicho que lo importante es cambiar el uso del espectro radioeléctrico, que el 33 % sea para medios públicos, 33 %, privados, 34% comunitarios.