Presidente Moreno designa abogado en el caso INA Papers

El presidente Lenín Moreno presentó un escrito en la Fiscalía y designó como su defensor al abogado Jorge Acosta Cisneros, en la investigación previa abierta por el denominado caso INA Papers. Moreno facultó a su abogado para que en su nombre suscriba todos los escritos, peticiones, diligencias y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la investigación previa.

Acosta acudió este martes —21 de mayo de 2019— a la Fiscalía para fijar casillero para futuras notificaciones. El caso fue abierto por la exfiscal encargada Ruth Palacios tras la denuncia presentada por el asambleísta correísta Ronny Aleaga, quien fundamentó su acusación en una publicación difundida en un portal digital sobre supuestas vinculaciones de un familiar de Moreno con empresas offshore. Se menciona que una de las empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares por servicios de parte de la empresa Sinohydro, contratista de Coca Codo, cuando Moreno era vicepresidente. En la publicación se señala a Ina Investment Corporation, que sería una offshore con vínculos con varias personas, entre ellos familiares del mandatario. Se indica a esa compañía por el presunto manejo de cuentas entre 2012 y 2016, en Panamá, para compras relacionadas con el presidente cuando vivía en Suiza.

Acosta indicó que no hay nada que ocultar y que más bien interesa que se llegue a saber la verdad. Destacó que hasta el momento nadie ha aportado nada que ligue al presidente o a su familia con los hechos denunciados. Indicó que tampoco se ha relacionado con la constitución de alguna compañía y menos con transferencias o depósitos a alguna cuenta de su propiedad.

El abogado lamentó que desgraciadamente en estos casos se pretende invertir la carga de la prueba “y en lugar de que el denunciante compruebe los hechos que denuncia, hay que probar la inocencia”.

En una carta remitida por el presidente solicitó a la fiscal general Diana Salazar que investigue sus cuentas cuando fue enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para la Discapacidad y otra que se ha adjudicado como de su propiedad y que él negó ser su titular. Pero tres semanas antes la fiscal ya había pedido asistencia internacional para requerir esa información.