La ‘presión social’ arrincona a las normas legales vigentes
Los últimos tres procesos electorales han estado marcados por las protestas. La marcha indígena y de movimientos sociales se acerca a Quito
Una conclusión que se repite: la debilidad de las instituciones empuja a los ciudadanos a buscar en las calles, a través de la movilización y la protesta, lo que consideran inalcanzable a través de las leyes.
Aunque con diferentes actores, el panorama se reproduce a proceso electoral consecutivo. En las elecciones generales de 2017 fueron los militantes de CREO; en 2019 los simpatizantes de los candidatos a autoridades seccionales especialmente de Los Ríos y ahora las bases del movimiento indígena los que protagonizan reclamos por los resultados de los comicios.
Es la legalidad lo que nos debe dar la razón, no solo la idea particular de una persona de que tiene legitimidad. Lo legal es justamente el pacto social que está en la Constitución.
Para el candidato a la presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, “la lucha del movimiento indígena no ha sido fácil y no siempre se gana en las instancias legales o las instituciones. Sin la movilización es muy difícil que acepten la razón y la verdad del pueblo”, dijo para justificar su participación en este mecanismo de “presión social”.
Sobre este tema y los efectos que generan al ordenamiento jurídico del país hay visiones diversas. El analista político Francisco Rocha ve preocupante que varios sectores de la sociedad busquen imponer sus razones a través de marchas cuando, lo que corresponde, en el tema electoral es la proclamación de resultados y los reclamos posteriores que establece la ley.
Las instituciones son básicamente la confianza que tiene en ellas la población. Si eso no existe la sociedad tiene mecanismos de cambio y movilizarse es uno de ellos.
“Tenemos una disyuntiva que es o tenemos un país o representamos a un solo sector. Nos estamos jugando más que una sola candidatura. La presión social cuenta, pero no debe ser pretexto para pretender que una supuesta legitimidad está por encima de la legalidad”, señaló Rocha.
Para la socióloga y catedrática Natalia Sierra este mecanismo es completamente válido, más cuando la institucionalidad del CNE ha tenido un deterioro en los últimos quince años. Considera que en el actual proceso electoral no se ha aplicado la normativa por igual y eso generó la situación de descontento de un segmento de la población.
“No olvidemos que las leyes no están hechas en piedra y son precisamente elaboradas a partir de acuerdos sociales. Cuando hay irregularidades y se violenta la Constitución la sociedad tiene la obligación y el derecho de exigir cambios a la legislación”, señaló Sierra.
Marcha, a mitad del recorrido
La movilización del movimiento indígena a la que se han sumado varias organizaciones sociales llegó ayer a Cañar y los marchantes tenían previsto pernoctar en Biblián.
Hoy la marcha llegará a Chimborazo en donde la Confederación Indígena de esta provincia anunció que se adherirá a la protesta que arrancó el miércoles pasado en Loja.
Entre domingo y lunes recorrerán Tungurahua y Cotopaxi y el martes entrarán a Quito y se trasladarán al CNE.
