Primer debate de aborto por violación: lo que le corresponde hacer al legislativo

Luego de 10 horas, finalizó la tramitación del primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo, este 9 de diciembre.

Previo a la lectura del informe elaborado por la Comisión de Justicia, el pleno del legislativo escuchó durante 4 horas las opiniones de 23 representantes de la sociedad civil y expertos, que expusieron sus criterios sobre los tres puntos a tratar en esta norma: la temporalidad, los requisitos, y la objeción de conciencia.

A estos se agregaron los argumentos respecto a los principios de interpretación de la norma, sanciones en caso de incurrir en prohibiciones, modos de reparación integral a las víctimas de violencia sexual, penas para los agresores, la responsabilidad del Estado de proteger la salud reproductiva, las formas de los procedimientos médicos y la aplicación de protocolos con enfoque de género.

Una vez iniciado el debate con la intervención de la asambleísta de Izquierda Democrática, Johanna Moreira, los legisladores se pronunciaron sobre el informe de comisión, en el que presentaron posturas diversas, donde unos manifestaron que la ley debe garantizar un acceso pleno y digno al derecho al aborto por violación, mientras que otros invocaban el artículo 45 de la Constitución, señalando que es deber del Estado proteger la vida desde la concepción.

Los tres puntos del debate

• La temporalidad de gestación

Los casos donde, previo a la sentencia de la Corte Constitucional, no existía penalización del aborto, según el Código Orgánico Integral Penal, no establecía plazos o tiempos de gestación para el acceso a la legal interrupción voluntaria de embarazo. Sin embargo, en este debate, y según el informe de comisión, ahora es uno de los puntos que posiblemente se agreguen a la ley.

Verónica Carrillo, asambleísta de ID, respecto al tema, inició su pronunciamiento narrando historias de varias mujeres, niñas y adolescentes forzadas a un embarazo. “Fijar temporalidad es boicotear la ley. Es torturar a niñas condenándoles a maternidades forzadas”, detalló.

La asambleísta de UNES, Pierina Correa, se posicionó muy crítica respecto a las intervenciones de algunos legisladores de no señalar un tiempo de gestación necesario para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. “Es muy peligroso que este proyecto no señale la temporalidad. Los abortos más allá de las 20 semanas de embarazo tienen más del doble de la tasa de mortalidad” dijo.

• Los requisitos para acceder al aborto legal

A ello, varios asambleístas mencionaban protocolos previos para que una niña, mujer o persona gestante pueda acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo, entre ellos, la necesidad de haber denunciado la agresión sexual o presentar una declaración juramentada.

La legisladora por UNES, Jahiren Noriega, a esto detalló que “para una víctima de violencia sexual denunciar no es nada fácil y asimilar una agresión toma muchos años”.

Contrario a ella, Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik sostuvo que “la vida es un derecho absoluto y que el proyecto de ley en debate no establece la temporalidad y que la Corte constitucional dispuso en su sentencia que tiene que haber plazos”.

• La objeción de conciencia del personal médico

La diversidad de posturas sobre la necesidad o no de crear un marco de regulación de la objeción de conciencia en el informe de comisión, se hizo presente dentro de la misma bancada de UNES.

La asambleísta Gissela Garzón señaló que es necesario que se regule la objeción de conciencia y que “el personal de justicia no abastece para evacuar las causas y muy pocos han sido capacitados para atender a víctimas de violencia”.

Por su parte, Sofía Espín añade que en el informe debe existir el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos y considerar si se les avisa a los familiares de la víctima.

¿Cómo continúa el proceso legislativo?

Una vez finalizado el primer debate, las y los asambleístas podrán remitir a la comisión sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta tres días después de haber concluido.

Los miembros de la Comisión de Justicia deberán elaborar un segundo informe, tomando las consideraciones jurídicas, técnicas y constitucionales tratadas en este primer debate. En el plazo de cuarenta y cinco días, contado a partir del cierre de la sesión del Pleno, la comisión especializada deberá presentar al Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate.

Durante el segundo debate el o la ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno.

El primer debate finalizó cerca de las 21:00 de este jueves 9 de diciembre con la consideración del primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, que estuvo a cargo de la conducción de la sesión.