La primera cita entre el Gobierno y la Conaie se enroca en los combustibles

Las condiciones a cambio de no dar nada prosiguieron. La continuidad o no de los diálogos entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) quedó ayer supeditada a la eliminación de tres decretos emitidos por el presidente Guillermo Lasso.

Luego de varios intentos fallidos los delegados del Ejecutivo se sentaron, frente a frente, con los dirigentes de la protesta para intentar buscar una salida al paro nacional que hoy llega al día 16. La cita empezó pasadas las 15:00.

Luego de tres horas de exposiciones indígenas y respuestas del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y antes de irse a un receso, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dejó las cosas claras: para seguir dialogando se debía garantizar que Lasso tiene la voluntad de eliminar los decretos 95, 151 y 462.

¿De qué hablan? Los tres son vitales para mantener el plan económico y las finanzas del Gobierno. El primero, emitido en julio de 2021, se refiere a la Política de Hidrocarburos y un Plan de Acción Inmediato para hacer a este sector más eficiente, competitivo y que atraiga la inversión nacional y extranjera.

Eso implica, entre otras cosas, que Petroecuador delegue a la iniciativa privada la identificación de campos productivos que den como resultado un incremento en la producción petrolera. Para los pueblos y nacionalidades esta sería una carta abierta para extender la frontera petrolera, afectando a sus territorios.

El receso de 20 minutos se extendió por algo más de dos horas. A la vuelta, Jiménez dijo que el Gobierno aceptaba la derogatoria de ese decreto. El 151, de agosto del año pasado, que habla de un Plan de Acción del Sector Minero también sufrirá modificaciones, pero no será eliminado, lo que fue rechazado por los líderes indígenas.

Esta norma fue emitida con el objetivo de que las inversiones de esta industria sean mucho mayores en los cuatro años de Gobierno y aunque se garantizaba el cuidado del medio ambiente y las fuentes de agua, pero al igual que con el petróleo, los grupos sociales aseguran que eso ampliará la frontera minera, especialmente en la Amazonía.

La tercera derogatoria exigida tiene que ver con el decreto dictado por Lasso el domingo pasado con el que redujo en diez centavos de dólar el galón de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel. La Conaie exige una reducción de 40 centavos.

Luego de consultarlo con el presidente Lasso y el Ministerio de Finanzas, el ministro Jiménez dijo que no se puede bajar más el precio de los combustibles y que optarán por una focalización con base a una propuesta que salga desde la Conaie.

Esto tampoco gustó a Iza que al inicio de este encuentro reconoció que se han producido avances en temas como la educación intercultural bilingüe para la cual se duplicó el presupuesto; la condonación de créditos de hasta $ 3.000 en BanEcuador; el decreto para controlar la especulación y el compromiso del Gobierno de no aplicar un proceso de privatización en sectores estratégicos.

Jiménez reconoció como justas muchas de las demandas de los manifestantes. Dijo que aún hay mucho por hacer, pero que el Ejecutivo ha podido avanzar en varios puntos, pese a la situación económica con la que se encontró y al confinamiento por la pandemia.

El funcionario hizo un compromiso de que los diálogos continuarán, pero les requirió “que decreten el fin de las movilizaciones”. El pedido fue como hablarle a la pared y salvo algunos gritos de reclamo de la barra con la que entró la Conaie, ninguno de los dirigentes hizo un amago de comprometerse a aquello.

Por lo contrario, pese a reconocer que hay avances muchos indígenas, incluido a Iza, volvieron a las consignas de que solo se irán de Quito y levantaran los bloqueos en las carreteras del país si se cumplen su pliego de diez demandas. Esto, mientras el país siente el desabastecimiento de alimentos, combustible y algunas ciudades, como Cuenca, hasta la falta de oxígeno para enfermos.

Esa actitud ha generado desconfianza en varios sectores sobre las verdaderas intenciones de la protesta. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, asociación que registra pérdidas de 35 millones de dólares desde el 13 de junio que empezó la protesta se pronunció ayer en ese sentido.

“Creo que está claro que la cabeza del movimiento no tiene la intención de actuar por sus representados, entre comillas, ni por el bien del país. Evidentemente hay otra agenda que busca generar este caos y el desorden que le está costando y le seguirá a futuro costando al Ecuador”, sostuvo el dirigente gremial.

A José Jaramillo, empresario y expresidente de la Cámara de la Construcción del Azuay, el encuentro de ayer no le hacía mucha ilusión, “porque un día dicen una cosa y al otro las acciones van por otra vía. La preocupación es que detrás de esto haya tintes políticos que sea más que una lista de petitorios y se torne hacia un intento de golpe de Estado, le dijo a EXPRESO.

El ministro Jiménez propuso que las conversaciones continúen hoy a partir de las nueve de la mañana, porque temas tan sensibles no se resuelven en seis horas, dijo. Esta primera cita tuvo como testigos a los titulares de las funciones Electoral, de Transparencia y Control Social, y de la Función Legislativa.

El otro frente está en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional se convocó para las 11:00 de hoy para retomar el debate sobre el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso.

Hasta el momento se conoce que eran 20 los legisladores que restaban por intervenir, pero podrían pedir la palabra otros asambleístas, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Ayer, el Partido Social Cristiano (PSC) rechazó las acusaciones del correísmo en el sentido de que tendría un pacto con el Gobierno y que por eso votará en contra de la destitución.

Esta organización política recordó que quienes aprobaron más impuestos y empujaron la amnistía para “delincuentes comunes” fueron los correístas junto al oficialismo.

Pese a ello, el PSC ratificó que votará en contra del pedido de destitución “por razones que no están previstas en la Constitución”.