Elecciones Ecuador 2025: primera vez en la historia que un candidato firma un decreto

Los absurdos políticos, cuando se los mezcla con absurdos jurídicos o constitucionales, pueden producir escenarios que, si no fuera porque son temas que perjudican a las sociedades, serían chistosísimos. Tan graciosos que perfectamente cabrían en una película cómica de Cantinflas o en cualquiera de ese estilo.

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Uno de esos absurdos, que tienen al borde de convertir al país en un esperpento (si no lo es ya), es todo lo que ocurrió el domingo 12 de enero y que sin duda es consecuencia de la ridícula y costosa pugna política que hay entre la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.

El repaso de los absurdos

Veamos lo del domingo 12 de enero. Ese día el presidente Daniel Noboa, oficialmente, no era presidente sino candidato, de acuerdo con sus maromas legales que básicamente se reducen a que no quiere encargar la Presidencia a Verónica Abad, su legítima alterna. Noboa había pedido, en efecto, licencia para hacer campaña ese día. Estando en esas condiciones, es decir como candidato a la reelección, Noboa decide derogar el Decreto 500 en el cual encargaba la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert (maniobra para que Abad no se siente en Carondelet) y pedía licencia para hacer campaña, es decir para actuar como candidato hasta las 16:59 de ese domingo. 

La causa por la que Noboa asegura que tomó esa decisión es la supuesta emergencia nacional que vivió el país cuando asesinaron al alcalde de Arenillas, El Oro, el sábado 11 de enero.

Todo esto produce una cadena inacabable de absurdos. Para comenzar, Noboa firmó el Decreto 504 (el que deroga al 500) en calidad de candidato y no de presidente: estaba con licencia para hacer campaña ese día. ¿Fue legal la firma del documento si lo hizo un candidato y no un presidente? ¿Puede un candidato firmar o derogar decretos? Evidentemente no. Sin embargo, todo parecería indicar que eso no tendrá ninguna consecuencia porque la cantidad de absurdos e ilegalidades forma una cadena que no se sabe dónde comienza o termina. Por primera vez en la historia del país, un candidato firma un decreto.

La 'cola' de interrogantes

Del absurdo de que el candidato Noboa haya tomado el domingo decisiones ejecutivas se derivan algunas interrogantes, no menos absurdas. ¿Por qué no firmó el decreto Gellibert, quien, se supone, dentro de la lógica jurídica de Daniel Noboa, es la actual presidenta de la República? 

Todo estaba pensado y organizado para que ella tome esas decisiones en circunstancias como las del domingo, pero no lo hizo. Hay fuentes en Carondelet que dicen que es tan poca la seguridad que se tiene en la Presidencia de que se está actuando legalmente con el Decreto 500 al encargar la Presidencia a Gellibert para esos días, que se prefirió que ella no firme un decreto de la dimensión del 504 ante el temor de una demanda de usurpación de funciones.

Ahora bien, la cosa no finaliza ahí. ¿Por qué Noboa prefirió derogar el Decreto 500 y no reformarlo como tranquilamente podía hacerlo? Era lo más sencillo a fin de cuentas. Ahí viene otra especulación: Noboa prefirió (o aprovechó) derogarlo a propósito del asesinato del alcalde de Arenillas porque la Corte Constitucional ya tiene admitido el recurso de algún partidario de Verónica Abad para echar abajo el Decreto 500 y el 494 cuando hizo el nombramiento de Gellibert.

Una lista 'interminable'

Y se equivocan los que piensan que los absurdos terminan ahí. Es muy posible que Gellibert no haya querido firmar el Decreto 500 o que alguien se lo haya desaconsejado al percatarse de que ella misma habría estado despojándose de su encargo de la Presidencia.

Lo cierto es que lo ocurrido el domingo muestra el ridículo intríngulis jurídico y político en el que se encuentra la Función Ejecutiva del Ecuador. Es imperdonable el hecho de que Daniel Noboa y Verónica Abad hayan metido al país en un problema que le hace tanto daño institucionalmente. Es un desmoronamiento del sustento constitucional de cohabitación entre la Presidencia y la Vicepresidencia que nunca traerá algo bueno. 

Un problema alrededor del cual sobrevuelan algunos abogados constitucionalistas que opinan de acuerdo con lo que les ordenan sus clientes, sobre todo el Gobierno. También es un problema de la arquitectura constitucional ecuatoriana que ha dejado tantos vacíos en el tema. Si el presidente decide qué funciones debe tener su vicepresidente, ¿puede encargarle cargos que estén muy por debajo de su investidura? ¿Un presidente podría nombrar al vicepresidente portero de Carondelet o de algún ministerio?

El Ecuador, ya sea por defectos en su arquitectura constitucional o por falta de madurez de su clase política, tendrá que hacer algo para evitar estos desgastes institucionales que lo único que le traen es incertidumbre.

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