Procesados dicen que Toledo también pagaba sueldo a Mayra Salazar

Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, jueces procesados como cabezas en el caso Purga, dedicaron parte de sus relatos a cuestionar el testimonio anticipado de Mayra Salazar, quien es testigo protegido en este caso y fue sentenciada por delincuencia organizada en Metástasis. Como lo manda el COIP, presentaron su testimonio sin juramento entre el 17 y 18 de febrero, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

Mientras Salazar espera salir en libertad dentro de poco, ellos llevan casi un año en prisión preventiva. Ambos señalaron en sus testimonios que el primero en pagarle un sueldo a a la exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas por trabajar para Gallardo fue su abogado Leonardo Toledo, cuando empezó la campaña para ese cargo.

Gallardo ganó por unanimidad, dijo Marfetán, y a raíz de eso, él mantuvo alrededor de dos años de chats con Salazar, a quien conoció como una "comunicadora carismática y jovial" y no como "la agente secreto del crimen organizado" que luego fue descubierta por sus chats y que ella admitió ser.

Cruces de palabras durante la audiencia

Tanto la defensa de Gallardo, encabezada por el abogado Gabriel Vanegas, y Marfetán, quien no presentó testigos, afirman que Salazar miente, porque sus afirmaciones "no se pueden corroborar" y que ha habido una manipulación de los chats presentados en el proceso. Vanegas incluso habla de un posible fraude procesal por el análisis que realizó el agente investigador de la Policía, Diego Gañay, quien cruzó información entre más de 20 peritajes, pues dice que al cortar conversaciones y unirlas a otras, se pretendía "dar a entender que hay conductas delictivas".

Vanegas afirma que Toledo se peleó con Gallardo porque ella no habría querido beneficiarlo en sus casos particulares, pues separó la amistad del trabajo.

Por otro lado, recalcó lo que Salazar había dicho y el exasambleísta Pablo Muentes admitió en su testimonio: que él le pagaba por echar a andar un troll center en contra del abogado externo del Banco del Pacífico, Ricardo Noboa, pero según Vanegas, ese pago era por "los tuits de ese troll center, que están acreditados en el proceso", pero no por trabajar en la Corte. Sin embargo, ella actuaba como relacionista pública de Gallardo.

Vanegas explicó que dentro de más de 150 elementos que presentó como prueba documental, incluyó un oficio de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, firmado por Iván Saquicela, donde se invitaba a implementar "políticas de justicia abierta y se instaba a las diversas unidades de la Judicatura, a través de sus presidencias, a crear cuentas de redes sociales para poder exponer las decisiones de la Corte".

Pero, según el defensor de Gallardo, Guayas siempre ha sido para el Consejo de la Judicatura "la última roda del coche" y no había presupuesto para nada, por lo que se requiere de autogestión. Salazar trabajaba "en el momento en que podía, era una colaboración" y por ello argumenta que Gallardo no era su jefe.

Salazar laboró en la Corte del Guayas durante varios meses sin ser funcionaria judicial, al menos desde 2022. Recién el 1 de octubre de 2023 ingresó a nómina como analista de Comunicación, con un sueldo de alrededor de 1.600 dólares.

En su testimonio, la noche del lunes 17 de febrero, Marfetán dijo que él no tiene ningún elemento planificador y cree que el Banco del Pacífico intentó "pescar a río revuelto" cuando Salazar decidió dar su testimonio.

En el momento de los interrogatorios, Marfetán y Lino tuvieron un cruce de palabras, porque el primero señala que el segundo lo culpa por el cambio administrativo que le hicieron del área penal a la familiar y luego a la civil.

Lino le preguntó sobre temas relacionados con el ingreso a la urbanización en isla Mocolí, en donde está la casa de Muentes, pero Marfetán respondió que Lino "tenía un tema personal" con él. Y en un punto del intercambio, agregó que esperaba que ojalá Lino tenga "algún papelito que respalde lo que dice", pues él también rindió testimonio anticipado. Lo acusó de cambiar varias veces su versión y citó un pasaje de un testimonio de Daniel Salcedo, también sentenciado Metástasis y otros casos, donde aseguraba haberle entregado dinero en efectivo a Lino. La jueza Daniella Camacho tuvo que intervenir y pidió que se hicieran preguntas, "pero no a los gritos" y que se dieran respuestas directas.

Un testimonio de más de cuatro horas

La defensa de Gallardo presentó a varios testigos, entre ellos al cirujano Juan Montenegro, quien también expuso en su trayectoria más de 30 años como perito en psiquiatría. Él habló sobre rasgos de la personalidad de alguien con discapacidad psicosocial. También de ciertas tendencias a la mentira. Sin embargo, ese testimonio tuvo varias objeciones de Fiscalía, que mencionó incluso una posible discriminación.

El testimonio de Gallardo tomó más de cuatro horas, según su abogado, porque debía responder ante un expediente de más de mil cuerpos y un año privado de la libertad. "El enfoque del testimonio ha sido desestimar de forma técnica el testimonio anticipado de Mayra Salazar, el de Alberto Lino Tumbaco y la acusación de Fiscalía".

Sobre el presunto cohecho en el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Vanegas considera que no existe porque hubo una sentencia para permitir que una institución del Estado siga trabajando y no hubo un ofrecimiento previo por eso, aunque Gallardo admitió haber mantenido reuniones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes del proceso. No mencionó que haya mantenido un encuentro similar con la contraparte, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito.

La remodelación del piso que la institución militar realizó en el salón de los presidentes de la Corte, dice, fue "un acuerdo interinstitucional, una donación del Cuerpo, de una institución pública a otra institución pública; no fue un beneficio personal de Fabiola Gallardo, no fue el piso de su casa, fue un piso perteneciente a un edificio del Consejo de la Judicatura". Sin embargo, según Fiscalía, no habría pruebas que respalden esa afirmación. En su testimonio anticipado, Ruth Catalina Solano, exdirectora de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, relató que tras la detención de Salazar, Gallardo le pidió hacer un acta que pruebe esa colaboración, pero no lo hizo. Ella relató que desde su cuenta bancaria personal hizo las transferencias para liquidar un fondo que le dispuso el coronel Xavier Riofrío y que todo estaba bajo la coordinación de Andrés Chávez, a quien Gallardo y Salazar llamaban 'el tóxico'.

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