El proceso de externalización tropieza con piedras que le fueron advertidas

La externalización del servicio de farmacia, anunciada desde el año pasado como la solución al desabastecimiento de medicinas en el sistema público de salud, se ha vuelto a posponer. La cartera de Estado evita pronunciarse sobre ello, pero quienes siguen de cerca el proceso lo atribuyen a que está trabado en aspectos que fueron advertidos con anticipación por gremios y expertos en el área médica, pero que, al parecer, no fueron considerados o solucionados de manera oportuna por las autoridades.

Entre esos aspectos se incluye la necesidad de contar con una historia clínica universal del paciente, una receta electrónica que pueda ser abierta desde cualquier botica y un precio fijado mediante los procesos previstos en la ley, pero que se garantice cierta continuidad en el tiempo; se considere el costo del servicio de dispensación; y una rentabilidad para las farmacias participantes.

Este Diario solicitó el lunes al Ministerio de Salud una entrevista sobre este tema, que ha desaparecido de las ruedas de prensa de la entidad. Pero al igual que en marzo, respondieron que solo lo harán después de que se haga el lanzamiento, sin precisar la fecha de ello.

Asimismo, cadenas farmacéuticas interesadas en participar en la externalización, al ser consultadas por EXPRESO, pidieron esperar a que el proceso esté más claro y avanzado para poder pronunciarse al respecto.

Que todavía existe falta de claridad o de definición de las reglas, fue corroborado implícitamente al día siguiente por el propio Ejecutivo. El Registro Oficial publicó el martes 17 una reforma legal sobre cómo deben definirse los precios de los fármacos de consulta externa y el tiempo de vigencia.

Esto, a pesar de que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció a inicios de mes que el sistema arrancaría el 16 de mayo.

Es decir, aún se dan cambios en el tema del precio de los medicamentos. La normativa vigente establece para las compras públicas de medicinas un proceso de subasta inversa (ofertas a la baja de los proveedores interesados a partir de un precio referencial). 

Y una vez que la compra de un producto es adjudicada a un oferente, pasa a formar parte del ‘catálogo’, es decir, de la lista oficial de proveedores y productos a los que se debe acudir para las siguientes adquisiciones. Obviamente, ya con un precio más bajo que el referencial inicial.

A los productores y distribuidores les preocupa que el sistema de externalización se implemente para ellos con los precios referenciales de los medicamentos, pero que luego o a mitad de camino cambien por los del catálogo y entonces no puedan cumplir con el servicio, según explica Miguel Palacios, directivo de un gremio de laboratorios farmacéuticos.

A ello suma que tampoco está definido quién asumirá el costo de la dispensación de los pruductos “Esto es lo que también tiene detenidas a las cadenas de farmacias”, dice.

Pero ese no es el único problema. Al margen de la ausente versión oficial, el médico y catedrático universitario Enrique Terán, quien participó en la fase de socialización del proyecto, atribuye la demora a la falta de una historia clínica del paciente. Como él y otros galenos advirtieron en su momento, eso es clave para evitar que una persona pueda acudir a distintas unidades de salud y en todas pedir medicinas.

También ve problemas en la formulación de la receta electrónica, por la falta de un programa informático común que conecte a las unidades de la red pública de salud y a las farmacias privadas participantes. “He escuchado que ahora están planteando una receta física con un código QR”, explica.

En el proceso también debe participar el Seguro Social, pero sus directivos tampoco se han pronunciado al respecto.

GUILLERMO LASSO: ESPERO ANUNCIARLO EN JUNIO

“Espero, el 1 de junio, ya de manera definitiva, anunciar el sistema de receta electrónica”, expresó el martes pasado el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante el programa semanal de entrevistas ‘Encontrémonos’.

Además de una solución al problema del desabastecimiento de fármacos en el sistema público, el Gobierno ha promocionado este sistema como una forma de terminar con la corrupción en la compra de medicamentos en los hospitales