Procurador del Banco del Pacífico rindió testimonio en el juicio por el caso Purga
La audiencia se retomará en la tarde, con el testimonio de un perito policial que tomará aproximadamente dos días
Este 10 de febrero de 2025 se reinstaló la audiencia de juicio por el caso Purga, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. En el inicio de la jornada, el procurador judicial del Banco del Pacífico, José Eduardo Cheing, rindió su testimonio sobre un antiguo litigio que mantiene con el exasambleísta Pablo Muentes, que en este proceso es señalado como uno de los líderes de un supuesto grupo de delincuencia organizada.
El tema del Banco del Pacífico es uno de los puntales de este entramado, pues Muentes habría utilizado sus influencias en la Corte Provincial de Justicia del Guayas para conseguir fallos a su favor. En este caso en particular existen varios procesos. Según el testimonio de Cheing, Muentes y su esposa, Mónica Avelina Alvarado, habrían incumplido con una deuda con el banco y el banco, tras una orden de un juez de coactiva, consiguió el remate de una casa que la pareja puso como garantía en el crédito.
Sin embargo, el valor que se obtuvo por esa venta no alcanzó para cubrir sino una parte de la deuda y el saldo siguió creciendo por los intereses. Muentes interpuso procesos judiciales aduciendo que sí había pagado la deuda y presentó recibos. De acuerdo con Cheing, estos eran falsos, pues tenían fechas de 1999 e incluían supuestos depósitos en números de cuenta que se habían creado en años posteriores.
En enero pasado, la esposa de Muentes fue sobreseída, pero Muentes no, y el Banco del Pacífico aparece como acusador particular en este caso, no solo en contra de Muentes sino también en contra de exjueces como Alberto Lino Tumbaco, Johan Marfetán, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, entre otros.
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La defensa de los acusados en Purga se basa, en general, en desacreditar el testimonio de Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que es el origen de este caso. Por eso, las preguntas de procesados como Muentes y Gallardo se dirigieron hacia consultar al testigo sobre si conocía sobre la relación de un abogado externo del banco, Francisco Fierro Tamarit, con el abogado de Salazar, Leonardo Toledo e intentaron averiguar sobre reuniones con él o pagos.
Los interrogatorios y contrainterrogatorios fueron atropellados entre interrupciones del fiscal general subrogante Wilson Toainga y otros, que reclamaban por preguntas improcedentes, capciosas, ambiguas o compuestas y los intereses de los defensores de los acusados de conseguir elementos para probar que hay un supuesto caso fraguado.
Lo único que consiguieron es que Cheing admitiera que alguna vez, otros abogados externos del banco, Ricardo y Esteban Noboa, le habían contado sobre alguna reunión con un abogado de apellido Toledo, en la que "habían tratado los hechos del hábeas data" en un caso relacionado con Muentes y que "le habían negado, por improcedente", el pago de unos honorarios.
Los abogados también le preguntaron si es que la Fiscalía le había solicitado información sobre un audio, en referencia a una filtración de una conversación entre Fierro y Toledo en la que se habla de dinero pendiente, pero Cheing dijo no recordarlo.
Además, el procurador del Banco del Pacífico leyó por pedido del abogado de Gallardo, Gabriel Vanegas, los valores que el banco había pagado por honorarios al estudio de Fierro Tamarit, entre octubre de 2023 y abril de 2024, que sumaban más de 173 000 dólares. Agregó que este abogado representó al Banco del Pacífico en una acción de protección para impedir que se inscriban en el Registro de la Propiedad unos bienes embargados en medio de este litigio.
Según Cheing, el banco no le ha pagado a Muentes y su esposa ninguna indemnización después de los procesos judiciales por el préstamo en cuestión y el proceso de hábeas data, pero reclama un perjuicio económico porque tiene bienes embargados.
La audiencia se suspendió hasta las 14:30, hora en la que se iniciará el testimonio de un perito de la Policía y que, según la jueza ponente, Daniella Camacho, tomará alrededor de dos días.
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