El procurador denuncia al asambleísta Ferdinand Álvarez por divulgar un documento sujeto a restricción

El 21 de octubre de 2021, el asambleísta de UNES Ferdinand Álvarez, presentó un pedido de juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones, atribuido al procurador Íñigo Salvador.

La carta en la que el legislador fundamenta su pedido de juicio político es la que Salvador notifica al presidente que había que cumplir con el laudo de Perenco que en esos días había sido objeto de una negativa de un Comité Ad Hoc del CIADI respecto de la solicitud de anulación del laudo. 

El oficio es del 1 de julio de 2021 y es reservado. Salvador asegura que la divulgación de documentación reservada es delito de acuerdo con los artículos 80 y 472 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

"El juicio político que se iniciará contra mí en las semanas próximas está basado en documentos obtenidos ilícitamente y esto es lo que he venido a denunciar", indicó el funcionario.

El procurador espera que su interpelante o sus coidearios del partido correísta en la Asamblea no se hagan las víctimas "diciendo que lo que estoy pretendiendo es impedir el ejercicio y el derecho de fiscalización que tiene la Asamblea, nada más lejos que eso".

Se mostró dispuesto a someterse al control político y fiscalización de la Asamblea pero siempre que esa tarea sí sea ejercida lícitamente no a través del cometimiento de delitos.

Para el abogado del Estado, que concluirá en julio su periodo en el cargo, la interpelación "demuestra en el fondo de lo que se trata el juicio político es de una retaliación por mi participación como acusador particular en el caso Sobornos, por mi exigencia de repetición en el caso del laudo de Perenco en el cual por culpa del gobierno del entonces presidente Rafael Correa, Ecuador ha sido condenado a pagar un monto cercano a los 400 millones de dólares".

Anunció que exigirá la repetición de ese pago, las personas que estuvieron involucradas y son responsables de que Ecuador haya tenido que ser condenado al pago de 400 millones tendrán que responder con su propio patrimonio y con sus bienes.

Pero comentó que quienes impulsan el juicio político son tan desprolijos que incluso utilizan un documento obtenida ilícitamente y lo difunden incurriendo en la conducta divulgación de instrumento sujeto a restricción en función de su reserva. 

Espera que la Fiscalía abra una investigación previa e investigue cómo el legislador obtuvo el documento, quién le entregó porque el único que le podía haber entregado era el procurador. "Si el señor Álvarez hubiese sido un poquito más cuidadoso habría bastado con que él solicite en virtud del derecho que le asiste a la Procuraduría que le de a conocer el documento reservado", dijo. 

"Creo que hay una disposición desde Bélgica", concluyó y espera que se lleve el expediente de forma célere a pesar de la carencia de recursos del organismo. Agregó que lo único que hace es confiar en la eficiencia de la Fiscalía. 

El legislador denunciado indicó a EXPRESO que el oficio al qe se refiere el procurador como reservado “estaba circulando por redes sociales en varias páginas de renombre”. Y por lo tanto ya era público. Si habla del uso de recursos de los ecuatorianos es público, dijo. Acusó a Salvador de que “es el mayor gestor de pago de las transnacionales”.