Procuraduría defiende montos solicitados como medida de reparación en Metástasis
Se trata de más $ 2 millones y que lo solicitado está en apego a las leyes ecuatorianas. Eso no se expuso en audiencia
La Procuraduría General del Estado (PGE) expuso este 16 de diciembre de 2024 en un comunicado que ha solicitado una reparación integral económica de $ 2’916.973,43 por perjuicio al Estado en el caso Metástasis, donde se evidenció corrupción entre personal del sistema de justicia y el miembros del narcoterrorismo en Ecuador.
La PGE anunció que dicha cifra fue presentada dentro del juicio y tiene como lo estipula la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los montos anunciados son los siguientes:
- $ 2’512.173,43 por concepto de perjuicio económico al Estado, que incluye intereses.
- $ 404.800 correspondientes a multas establecidas en el COIP, específicamente en su artículo 70.7, que fija sanciones económicas de 12 a 20 salarios básicos unificados para delitos cuya pena privativa de libertad oscila entre 5 y 7 años.
La institución justificó y expuso que el cálculo para el valor de la reparación integral en el Caso Metástasis fue con base en:
- Lo que señala el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 78 y 70.7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), último que establece una multa de 12 a 20 salarios básicos unificados por los delitos sancionados con pena privativa de la libertad entre 5 y 7 años.
- El valor del informe pericial financiero que comparó la declaración de los impuestos pagados por los procesados en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los montos disponibles en sus cuentas bancarias.
⭕️ #Importante: Sobre el monto de la reparación integral en el caso #Metástasis, la Procuraduría General del Estado informa:
— Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) December 16, 2024
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Recalcó que en la audiencia de alegato final la Procuraduría, a través de su delegado, declaró que "El total general de reparación que corresponde a pagar, bajo el cálculo financiero, asciende a la suma de $404.804 dólares, suma a la cual se deberá considerar también los parámetros del artículo 78 de la norma aducida".
Lo que se expuso en Audiencia
El pasado 25 de noviembre, día en el que se emitió la sentencia oral, la conjueza Mercedes Caicedo, llamó la atención a la abogada Vanessa Cárdenas Aguilar, representante de la PGE por no haber hecho un buen alegato de cierre por delincuencia organizada y solicitar a penas $404.800 como monto de reparación integral en la diligencia.
Caicedo recordó que se debían tomar en cuenta tres aspectos: la existencia de la infracción, la responsabilidad de los procesados y la pena aplicable según lo que ordena el COIP. Señaló "la falta de conocimiento de los presupuestos de la alegación de la Procuraduría" y agregó: "La falta de acuciosidad de la Procuraduría puede ocasionar que se garantice la impunidad".
