La propaganda preelectoral campea ante un vacío legal

Una escena que se repite. Seis meses antes de que inicie la campaña electoral para las seccionales de 2023, paredes, postes y edificios son tomados por los aspirantes a las diferentes alcaldías y prefecturas del país. Acción aupada por un vacío legal en la Ley Electoral que, aunque lo considera una infracción grave, es aprovechada por las organizaciones políticas.

Un área gris que, según el experto en temas electorales y exfuncionario del Consejo Nacional Electoral, Daniel González, se pinta gracias a que el Código de la Democracia no define desde cuándo se puede considerar que un político está realizando campaña anticipada.

“No se entiende si esto abarca a las cosas que suceden previo a la convocatoria de elecciones o a lo que sucede entre la convocatoria y antes de la campaña oficial”, señala González e indica que lo que hace el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la mayoría de estos casos, es “imputar esos recursos al gasto electoral” de los partidos.

Este Diario solicitó información al CNE sobre el número de procesos abiertos por realizar precampaña en las seccionales de 2019 y las presidenciales de 2021; y cuántos de ellos terminaron en sanción, sin embargo, aún no hay respuesta.

Por su parte, el exvocal del CNE, Fausto Camacho, indica que “es absolutamente legítimo que se promocionen las precandidaturas porque, caso contrario, ¿cuáles serían las referencias para los electores en las primarias?”.

Además, explica que lo que se ve en las calles del país no es una campaña que llame a votar a los ciudadanos “porque ni siquiera están inscritos”. Asimismo, señala que las limitaciones del Código de la Democracia se refieren a otras cosas.

“Se aplica (la sanción) cuando se publicita en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. A eso se restringe la regulación del Código”, destaca Camacho y señala que “todo lo demás está permitido”.

Además, Camacho señala que existe “una animadversión a la promoción política” y que por ello los ciudadanos están inconformes cuando “estamos a puertas de un proceso electoral como el que se viene”.

Diario EXPRESO registró cómo algunos políticos de las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí se publicitan ante las seccionales de 2023. En el cantón Durán, la prefecta de Guayas, Susana González, ubicó carteles en postes y pasos peatonales, destacando el asfaltado de la avenida principal del cantón. Esto en medio de su voluntad de ser reelecta.

Asimismo, en el cantón Santa Lucía, ya se observan paredes pintadas con la leyenda “Magalo”, como conocen a Miguel Solórzano en el cantón. Las seccionales de 2023 serían la segunda ocasión en que busca la Alcaldía de Santa Lucía.

En Santa Elena, su actual alcalde, Otto Vera, tiene pintadas varias paredes del cantón con la leyenda “2023”. Vera ya ha sido el administrador de Santa Elena en dos ocasiones, por lo que se perfila como candidato a la Prefectura de la Península.

Por otro lado, en los edificios del cantón Sucre, provincia de Manabí, los edificios son utilizados por Manuel Gilces para mostrar su voluntad de ser candidato a la Alcaldía del cantón.

Para las seccionales de 2023, Gilces busca tener un segundo período en la administración municipal del cantón Sucre, luego que haya sido su alcalde entre 2015 - 2019.

Según el experto en temas electorales y exfuncionario del CNE, Daniel González, aunque las organizaciones políticas ignoren la prohibición legal de hacer precampaña, recuerda que cualquier ciudadano puede denunciar estos casos. En especial cuando se trata de funcionarios públicos que aspiran a ser reelectos.

En ese sentido, González indica que deberían establecerse prohibiciones para las autoridades que buscan la reelección, como que los funcionarios soliciten licencia para la campaña electoral, que no participen de la inauguración de obras, entre otras acciones.

Sin embargo, González hace hincapié en que el Consejo Nacional Electoral es el que debería observar, denunciar y dar seguimiento a estos casos ante el Tribunal Contencioso Electoral para que se cumpla lo establecido en la Ley Electoral.

Sobre los funcionarios que buscan ser reelectos, también recuerda que a la Contraloría General del Estado le corresponde ser la principal entidad que vele por la buena utilización de los recursos públicos.

Por su parte, Camacho señala que los funcionarios que aspiran a ser reelectos “deberían estar usando los recursos de la precandidatura, del partido”. Asimismo, indica que lo que se utilice se deberá registrar en la contabilidad del gasto electoral junto a lo que se use en el período oficial de campaña electoral.

Sin embargo, para González esto solo es una forma de ignorar la precisión que hay que hacer en el Código de la Democracia para, de una vez por todas, se cumpla la ley.