Se propone contribuir desde $ 2.500 mensuales
El informe deja de lado la propuesta del Ejecutivo Se insiste en cobro de propiedades de sociedades en paraísos fiscales
Sin respaldo. El segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, de iniciativa del Ejecutivo y que tiene el carácter de urgente en materia económica, se inicia hoy en la Asamblea Nacional. La propuesta gubernamental llega a esta instancia con informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, con el respaldo de ocho de los 12 asambleístas que conforman el organismo legislativo, y con una oposición desde los sectores empresarial y sindical.
Se espera que el trámite del proyecto de ley lleve algunos días, considerando que el primer debate tomó cuatro días, donde intervinieron 102 asambleístas y se recibió en comisión general a un centenar de personas, entre funcionarios del Gobierno y representantes del sector empresarial, de trabajadores, servidores públicos, microempresarios y emprendedores, quienes presentaron sus observaciones. El plazo para que la Legislatura se pronuncie concluye el sábado 16 de mayo.
Sin duda, uno de los temas de mayor discusión fue la contribución que personas naturales y jurídicas deberán hacer por nueve meses. El Ejecutivo planteó que esta contribución sea desde quien gane 500 dólares mensuales y obtener una recaudación de 1.200 millones de dólares, hecho que no tuvo acogida y ahora, para el segundo debate, se plantea que la base sea desde los 2.500 dólares, y se recaudarán 547 millones de dólares (ver infografía).
También la discusión se centró en la inclusión de una propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) para establecer la contribución solidaria sobre bienes inmuebles en el Ecuador de propiedades de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El aporte sería, por una sola vez, y corresponde al 2 % del avalúo catastral del año 2020. El artículo luego del primer debate fue sacado de la discusión, pero por una reconsideración planteada por la asambleísta Doris Soliz (RC), se lo volvió a incluir con el voto favorable de siete legisladores.
Asimismo, el debate se centró en la aprobación de la cuenta única que recaudará los recursos que provengan de las contribuciones. En este ámbito, los asambleístas dejaron en claro que los dineros que se recojan servirán, única y exclusivamente, para solucionar la crisis sanitaria que vive el país, y que no se podrá ocupar en otros temas, como en gasto o pago de deuda.
El contexto
La sesión de la Asamblea está convocada para la tarde e iniciará con el tratamiento del proyecto de Apoyo Humanitario. En tanto, desde ayer en la noche se inició el segundo debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Las dos son del Ejecutivo.
Mediación.
La Comisión de Desarrollo Económico establece en el informe que de ser necesaria la intervención de un tercero para lograr la suscripción de acuerdos, el Ministerio de Trabajo actuará como centro de mediación. Este será un procedimiento previo para cualquier acción legal.
Especial.
Se crea el contrato especial por emergencia mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19 que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes. El contrato tendrá duración de una año, renovable por una sola vez.
Empleo.
La propuesta de articulado busca de manera general que trabajadores y empleadores puedan acordar modificar las condiciones de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo. El sector obrero está en desacuerdo.
Pensiones.
Las instituciones de educación particulares, fiscomisionales y municipales, e instituciones de educación superior no podrán suspender la asistencia y evaluación de los estudiantes. El Gobierno podrá apoyar con recursos a las instituciones por la reducción de las pensiones.
Tasas de interés.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los diez días siguientes a la vigencia de la ley, revisará las tasas de interés máximas vigentes para todos los segmentos de crédito, durante los años 2020 y 2021, y emitirá una resolución al respecto.
Utilidades.
Las sociedades que realicen actividades económicas y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, pagarán una contribución del 5 % calculada sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible del 2019, y supere los $2’500.000.
