Propuesta de pena de muerte desnuda al populismo punitivo
El ofrecimiento tendría un camino complicado para implementarse en el país. Expertos hablan de riesgos de sanciones
La pena de muerte en el Ecuador tiene su historia. Estuvo vigente desde la Colonia, pero se la abolió en 1896 con la Revolución Liberal. En ese entonces solo regía para los delitos militares, pero años después, el país estableció la inviolabilidad de la vida en la Constitución de 1906.
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A partir de esa fecha, Ecuador ha suscrito una serie de instrumentos internacionales en contra de esa sentencia extrema: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que establece que toda persona tiene derecho a vida, ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1969) y el Segundo Protocolo Facultativo (1993), destinado para abolir la pena de muerte. Además, la actual Constitución en su artículo 66 plantea, en el numeral 1, que se garantizará “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”.
La Corte Constitucional también negó en el 2019 que esa pena sea incluida en una pregunta de la consulta popular porque se opone a la Carta Magna y a “la rehabilitación integral de los sentenciados penalmente”.
La tendencia mundial es que los países la eliminen. Actualmente unos 55 estados tienen a la pena de muerte en sus legislaciones, pero de ellos, solo 15 la aplicaron el año pasado, como muestra el informe de Amnistía Internacional de 2023.
¿Qué buscan los candidatos con esa propuesta?
Pero, si la propuesta es inviable, ¿por qué los candidatos presidenciales pretenden captar al electorado con el tema, como lo expresaron en el debate?
La razón sería la preferencia de la población hacia propuestas populistas, coinciden expertos. “Nuestro país ama el populismo. Siempre están buscando caudillos. Cuando hablan que con esa pena o cadenas perpetuas les van a proteger de la inseguridad, se sienten atraídos, pero son medidas irrealizables o no sirven para nada”, dice Pablo Encalada, integrante del Observatorio de Derechos y Justicia. “Es como cuando ofrecen reducir impuestos, la gente se siente seducida por eso”, añade.
La propuesta es recurrente en debates públicos y en contextos de alta criminalidad, pero “los esfuerzos por reinstalarla no han prosperado. Esto porque aunque se argumenta que sería disuasiva ante delitos graves, su implementación no garantiza justicia, puede conllevar errores judiciales irreparables y hay una vulneración directa a los derechos humanos fundamentales”, señala Efrén Guerrero, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica.
Adriana Montenegro, socióloga de la Flacso, manifiesta que el tema es parte del “discurso del populismo punitivo para obtener réditos electorales, que no son viables prácticamente ni jurídicamente ni atacan los problemas estructurales” del país.
También cree que la oferta reaparece porque existe un “aumento de conservadurismo a nivel global, la tendencia hacia los extremos y el incremento del apoyo al autoritarismo”. Observa que el desgaste del sistema democrático y la falta de confianza en las instituciones por la corrupción “genera una crisis de nuestra democracia, que no provee bienestar a la ciudadanía”.
Los riesgos de insistir en la pena de muerte
No obstante, insistir en esa medida implicaría riesgos. “Implementar la pena de muerte en un sistema de justicia imperfecto llevará a la ejecución de personas inocentes”, generaría denuncias y sanciones internacionales e incluso “puede causar tensiones económicas, porque hay acuerdos comerciales que condicionan su cooperación con el respeto a los derechos. También aumentaría la polarización social entre quienes la apoyan y rechazan”, subraya Guerrero.
Cuando una sociedad demanda y “acepta esas medidas populistas ocurren casos como el de los niños de Las Malvinas, donde se admiten víctimas. Los llaman ‘daños colaterales’ y se tolera el abuso del poder”, opina por su parte Encalada.
Además, se podría incrementar la desconfianza y la afectación a personas vulnerables.
Vender la idea de ‘mano dura’ ya no funciona, cree Montenegro. “Estos discursos están calando, pero no van a controlar el crimen y solo pescan a río revuelto. La seguridad se ha vuelto de pantalla, se difunden capturas, pero los índices no mejoran y aparecen otro tipo de crímenes, pues aunque se reduzcan las muertes, aumentan los secuestros”, concluye.
Este tipo de demandas de la población pueden evitarse. Los habitantes deben pedir que las instituciones funcionen. “No es problema de leyes, hay que exigirle al Poder Judicial y a la Fiscalía que den respuestas efectivas y que resuelvan los problemas de la ciudadanía”, sugiere Encalada.
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