OLON TALA MANGLAR
En Olón se realizó la tala de manglares, lo que generó repudió de la comunidad .JOFFRE LINO

La protección ambiental de papel: ¿qué pasa Ecuador?

No basta con declarar un área como protegida. Si no hay presupuesto y voluntad política, la conservación no es posible

En materia ambiental se entiende a las “protecciones de papel” como esas normativas, políticas o regulaciones que existen formalmente en documentos oficiales, pero que en la práctica no se implementan o no se aplican de manera eficaz. En Ecuador, periodistas y activistas por la conservación constantemente señalan la falta de presupuesto, monitoreo, planes de manejo ambiental y falta de voluntad política para contrarrestar las actividades, muchas veces ilegales, que suceden en zonas que cuentan con niveles de protección establecidos por el Gobierno.

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La construcción de un proyecto inmobiliario impulsado por una empresa, cuya accionista mayoritaria es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, en un bosque protector, recordó las deficiencias que aún existen en materia ambiental. Pero lo sucedido en Esterillo Oloncito no es lo único. Hay otros casos que muestran la importancia de que las protecciones oficiales no queden en papel.

En enero de 2022, el expresidente Guillermo Lasso decretó la creación de la Reserva Marina Hermandad, en el noroeste del archipiélago de Galápagos. La nueva área marina protegida se creó oficialmente el 14 de abril de ese mismo año. Su plan de manejo se publicó un año después, en marzo de 2023 y aún no se conoce de forma pública cómo se ha ejecutado dicho plan, que contempla las normas de uso de las zonas de la reserva, así como los programas de manejo de la biodiversidad o control y vigilancia. Sigrid Vásconez, especialista en conservación, indicó que la elaboración de los planes de manejo suelen tomar un tiempo considerable porque participan varios actores que deben llegar a acuerdos, lo que implica un “esfuerzo costoso”.

Los planes de manejo guían el accionar en esa área protegida, pero no se pueden ejecutar porque no hay los recursos... Esto es estructural. Siempre sucede.

Sigrid Vásconez

Especialista ambiental

El plan de manejo de Hermandad estima que el valor que se necesita para la ejecución de los programas es un total de más de 47 millones para cinco años. Son más de 20 millones en el primer año; 7,8 millones en el segundo; y más de 6 millones para los tres años restantes. El 48 % del financiamiento debe venir del Estado, según el documento oficial, pero tan solo el presupuesto del Ministerio del Ambiente para el 2024 es de más de 46 millones, 10 millones menos en comparación con 2023.

Pero Hermandad no es la única, según el Ministerio de Ambiente hay 43 reservas marinas en Ecuador, sin contar otras áreas protegidas. También está la reserva marina Cantagallo- Machalilla, ubicada dentro del Parque Nacional Machalilla, donde solo hubo más de 40 alertas por pesca ilegal entre noviembre de 2020 y marzo de 2022, según reportó el portal especializado Mongabay. El plan de manejo de Cantagallo-Machalilla se mantiene como borrador desde el 2019. Franklin Vega, editor de Bitácora Ambiental, explicó que no solo hay alertas de pesca ilegal en esa zona, sino que hay playas con corales protegidos donde se organizan paseos turísticos sin ninguna restricción. Además, Vega señaló la falta de funcionarios y presupuesto: “Reciben como 200 mil dólares anuales... pero no es suficiente ni para Machalilla, peor para la Cantagallo-Machalilla”.

Cincuenta áreas protegidas hay en el país que incluyen reservas marinas, ecológicas, biológicas, de producción de fauna, de vida silvestre, entre otras.
Sin recursos, sin dinero y sin voluntad política, sí hay una protección de papel... Cuando la comunidad se apropia el papel pesa, tiene fuerza y tiene validez jurídica 

Franklin Vega

Editor de Bitácora Ambiental

Sobre el financiamiento, Vásconez indicó que este debería preverse antes de que el Estado se comprometa a conservar un área protegida, “pero generalmente eso no sucede”.

Sobre el caso de Esterillo Oloncito, un bosque y vegetación protectora, cuyo plan de manejo se aprobó en 2016, Vega resaltó que gracias a la comunidad se ha respetado la protección que se le ha otorgado a la zona: “Cuando la comunidad se apropia el papel pesa, tiene fuerza y tiene validez jurídica”. Vega recordó también que Mindo, un bosque protector, ganó esa categoría gracias a la decisión de sus pobladores.

Para Vásconez, los bosques protectores son zonas que generalmente no tienen planes de manejo al tener una “protección más flexible” que requiere de “una voluntad política de los gobiernos locales o de las administraciones formales de los ministerios”. Muchas áreas protegidas afectan intereses de grupos económicos y “ahí se debilitan las figuras de conservación”, indicó la especialista.

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