La proteccion civil costara unos 16 millones anuales

Una despedida en medio de la polémica. La Asamblea Nacional, que mañana terminará oficialmente sus funciones, tiene previsto discutir en segundo debate -y, de ser posible, aprobar- un nuevo cuerpo legal que pretende normar el sistema de seguridad ciudadana (ver recuadros).

El oficialismo defiende el trámite para armonizar el funcionamiento de todas las instituciones de seguridad con la Constitución de 2008. La oposición critica el apuro en tramitar un código que, entre otras cosas, da vía libre la creación de un Servicio de Protección Público.

Este organismo, según la propuesta de Alianza PAIS, dependerá del ministerio del Interior. Será un cuerpo civil, especializado, profesional y técnico encargado de la protección de las altas autoridades del Estado y de las instalaciones de las sedes de las cinco funciones principales.

Excepcionalmente, podrán estar armados, dijo la presidenta de la Comisión de Soberanía Internacional de la Asamblea y militante de PAIS, María Augusta Calle. La posibilidad de acceder a un arma dependerá de la autorización del Comando Conjunto y según la Ley de Porte de armas.

Ahora, ¿cuándo un ecuatoriano puede portar armas? Según el reglamento a la Ley sobre Armas, un ciudadano puede utilizar un arma previa autorización de la autoridad competente para defensa personal, uso deportivo, colección, seguridad privada, seguridad móvil y seguridad fija.

La misma norma define a las armas de fuego de uso civil a las que pueden tener o portar los ciudadanos.

La posibilidad que el Servicio de Protección Público utilice armas en ciertos casos despierta la suspicacia de asambleístas de oposición como Diego Salgado, quien considera que “el gran problema no es que se cree una fuerza civil armada, sino una fuerza política armada”.

Milton Castillo, exjuez de Garantías Penales, insiste en que, con la aprobación de Código de Seguridad, “Correa no solo demuestra miedo, sino que se quiere proteger del poder de los ciudadanos”.

Él recordó que al inicio de este Gobierno, cuando Gustavo Jalkh, actual presidente del Consejo de la Judicatura, era ministro de Gobierno emitió un acuerdo prohibiendo, radicalmente, el uso de armas en los privados.

De todas formas, el Servicio de Protección Público es un plan a largo plazo: empezará a funcionar en 10 años.

En los tres primeros años ese grupo de protección representará un gasto promedio de alrededor de $ 15’186.133 destinados a capacitación, manutención y equipamiento para el personal, según la Asamblea. Solo a partir del décimo año de existencia el gasto promedio se estabilizará en 16’461.800 dólares. La proyección económica cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.

En esos primeros años casi la mitad del presupuesto irá a capacitación y a partir del año tercero la otra mitad irá para remuneraciones.

Según la Comisión de Soberanía, hasta la actualidad son 1.238 uniformados de la Policía y de Fuerzas Armadas los que protegen a las autoridades. El informe que se debatirá hoy señala que ellos fueron entrenados para cumplir otras misiones por lo que su entrenamiento estaría siendo subutilizado.

Para la Comisión eso le representa al Estado un gasto no justificado de alrededor de 17,2 millones de dólares. Los uniformados que brindan esos servicios se capacitan dentro y fuera del país. En 2015 se cumplió el último curso de capacitación de dignatarios que efectúa el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El siguiente entrenamiento está planificado para 2018. Los especialistas del GIR han capacitado también uniformados de Haití.

Ricardo Camacho, experto en seguridad, considera que crear un cuerpo civil no es una mala idea. Cree que esa labor de protección asignada a miembros de la policía y militares se ha hecho bastante bien.

Aunque también cree que un cuerpo civil sin armas no tendría sentido, porque tiene que tener armas para defender al presidente, especialmente, armas cortas. Pero para el experto la clave del tema está en el perfil. Camacho se preguntó: ¿estos agentes de servicio presidencial se van a deber al Estado, a la nación, al Ecuador o al proyecto político de Alianza PAIS? Concluye que eso se obtiene con la selección de las personas, no filiación política, pruebas psicológicas, tener tercer nivel, hablar varios idiomas, un pensum de estudios a desarrollar, entre otras características.