Eliminar el financiamiento de los partidos sin abrir la puerta al narcotráfico

Este miércoles 20 de noviembre se cumplen dos meses desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional una propuesta de reforma parcial a la carta magna para eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas.

¿La razón? Según el comunicado oficial de la Presidencia, “precautelar que más que nunca los recursos del Ecuador sean destinados para aquellos que ven una candidatura política como un negocio”.

El 24 de octubre, la Corte Constitucional, a través de su Secretaría General, confirmó la recepción de la solicitud.

Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, sostiene que más allá de la afectación a la estabilidad de las tiendas políticas debido a los insuficientes aportes de afiliados, adherentes y simpatizantes, existe un peligro mayor: que estas organizaciones sean utilizadas para el lavado de dinero.

Sin embargo, advierte que este no sería el mayor problema. En caso de que estos escenarios se cumplan, revertir sus consecuencias sería extremadamente complicado.

“El sistema de partidos y movimientos políticos facilita la creación e inscripción de nuevas organizaciones, no hay trazabilidad, ni investigaciones adecuadas sobre el financiamiento de estas campañas”, indicó Rivera Rhon.

El experto enfatizó que esta situación es muy probable debido a la alta criminalidad y violencia que enfrenta el país, así como la limitada capacidad del Estado para controlar el origen de los fondos ilícitos.

“El Estado, por sí solo, no tiene las capacidades para detectar el origen de dineros ilícitos. Hoy por lo menos existe cierto margen de control con los recursos entregados para las elecciones, especialmente en el ámbito local”, agregó.

Por su parte, Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, señaló que la reforma electoral debería enfocarse inicialmente en el sistema de partidos y movimientos políticos, con el objetivo de restaurar la democracia interna en las organizaciones políticas.

“¿No será más importante resolver aquello para no tener 16 o más candidatos en las próximas elecciones? Las organizaciones políticas deben ser entidades que promuevan principios y conceptos ideológicos para desarrollar políticas públicas que beneficien al país. Hay que ir al fondo del asunto y proponer una reforma integral que solucione los problemas estructurales”, planteó.

Rivera Rhon también alertó sobre la necesidad de establecer controles rigurosos para evitar que las organizaciones políticas sean captadas por el crimen organizado.

“Esto no solo incrementa la violencia política, sino que las personas que alcanzan cargos públicos profundizan su dependencia de las organizaciones criminales, lo que consolida las gobernanzas criminales que ya existen en Ecuador”.

Camacho añadió que se trata de una propuesta que carece de conocimiento de los verdaderos problemas de democracia en el país y la tildó de simple. Propone una alternativa.

“Se podría empezar por una reforma que permita la existencia solo de partidos políticos, eliminando los movimientos, que son prácticamente iguales. Los movimientos son más fáciles de formar y en 2010 se hizo una reforma para que también accedan al fondo partidario. El último partido en formarse fue Izquierda Democrática, los demás son movimientos que se transforman a conveniencia con el tiempo”, argumentó.

Diana Buenaño, politóloga, sostiene que la idea del Ejecutivo podría ser positiva, pero únicamente como complemento de otras medidas urgentes que regulen eficazmente lo que ya existe.

“La participación electoral es el latido del ciudadano, pero usar los recursos para multiplicidad de opciones en el país es un desgaste para todos, incluso para las organizaciones políticas porque no se logran fortalecer, ya que se convierten en comodín de emergencia y no hay procesos en sus estructuras. Realmente allí es donde está el problema”.

Concluyó con que desviar la atención hacia temas considerados estrategias electorales lesiona la democracia ecuatoriana.

“La elección por voluntad se inclina muchas veces a resolver lo urgente y no lo importante. Podríamos pensar que el tema económico y de inseguridad es lo urgente, pero de repente tenemos más de una docena de candidatos que se enfocan en lo mismo, que al final se resume en las líneas discursivas plasmadas desde las propuestas de los candidatos. Se destinan recursos a varias organizaciones que no tienen ni la más mínima opción de ganar”.

México y sus zonas oprimidas

El último reporte de violencia política de México realizado por Integralia indica que en las elecciones de febrero de 2024 se evidenció que las disputas entre grupos criminales por el control de los territorios se intensificó en el último sexenio en un 235,7 %.

Sus acciones incluyen la infiltración en la política, mediante el financiamiento a organizaciones políticas y campañas, sicariatos cuando sus candidatos se encuentran en riesgo de perder la elección, cooptación de gobiernos para inclinar la balanza a su favor.

Ramón Celaya Gamboa, exvicefiscal de México, pondera que es preferible que primero Ecuador enfoque y gane su lucha contra el crimen organizado antes de aplicar dicha medida, pues “si no lo hace, estos grupos criminales toman el valor suficiente para ir contra cualquier candidato”, alertó.

En esos comicios fallecieron ocho aspirantes a una dignidad de elección popular y hubo 21 casos de atentados de violencia política.

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