La pugna por la recolección de basura se intensifica con una acción de protección
Emaseo busca la terminación del contrato con Recobaq desde el año pasado citando irregulairdades y atrasos. El consorcio niega las acusaciones.
Una denuncia de la fiscalía de Pichincha y una acción de protección ante la Corte Constitucional, son los dos procesos judiciales más recientes que la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) ha iniciado en su búsqueda de la terminación unilateral del contrato que mantiene desde 2018 con el consorcio Recobaq.
Yolanda Gaete, actual gerenta general de la empresa municipal, considera que la decisión de la Corte Provincial del Guayas de negar su recurso de apelación contra una sentencia emitida a favor del consorcio es injusta y “se extralimita”.
Asimismo, esta señaló que la decisión de interponer la denuncia ante la fiscalía de Pichincha busca esclarecer lo que llama “las irregularidades” en la firma de dicho contrato y que responden a temas como los términos de referencia escuetos con los que se aprobó el documento, los costos unitarios por mantenimiento de los vehículos, entre otros.
“Se los eligió porque supuestamente tenían la disponibilidad inmediata de la flota, y eso no era cierto, pues la primera justificación de los atrasos mostró que los recolectores no estaban fabricados”, indicó.
Gaete agregó que, además de los nuevos recolectores, el consorcio se comprometió a repotenciar 14 cajas compactadoras, pero el último recolector, de los cuatro que se les entregó, tardó 307 días en repararse.
La situación señala, ha provocado un perjuicio de al menos $ 30 millones para la empresa. Considera que la terminación del contrato le permitiría a Emaseo ahorrar recursos y mejorar el mantenimiento de la flota, que actualmente trabaja al 94 % de operatividad.
"De poder terminar el contrato unilateralmente, tendríamos una reducción importante de gastos. Ya hemos cuantificado cuánto nos costaría hacer el mantenimiento de la flota, y el costo es menos de la tercera parte (de lo que sería hacerla con Recobaq), lo que evidencia que el costo que estamos pagando es significativo", comentó.
Por su lado, la procuradora judicial de Recobaq, Daniela Gallegos, calificó las acusaciones de injustas e imprecisas. Esta agregó que el consorcio interpuso una acción de protección en julio pues Emaseo intentó terminar el contrato pese a que la Ley Humanitaria de Protección no lo permitía en ese momento. "No se podía terminar contratos cuando existía valores pendientes de pago y Emaseo tenía y tiene valores pendientes de pago con nosotros desde hace seis meses".
Esta añadió que los camiones fueron entregados a la empresa municipal y que los retrasos estaban justificados con documentación. "No existe un solo informe de entidades como la Contraloría donde se evidencie irregularidades. Rechzamos que se diga que el contrato es lesivo para Quito".
