Las pugnas en lo Judicial relegan a sus funcionarios

“Que los jueces se dediquen a dictar sentencias”, fue la respuesta del presidente (e) del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ante su petición de que los funcionarios judiciales cuenten con más seguridad para el desarrollo de sus actividades. Declaraciones que abren un frente más en la serie de impases que ambos funcionarios han tenido últimamente.

La “desatinada” respuesta de Murillo provocó la indignación de los funcionarios, que además se sienten en peligro por los atentados en su contra que en la última semana dejaron un fiscal asesinado (Édgar Escobar) y otro amenazado (César Peña). Para la exjueza multicompetente Karly Vargas, la posición de Murillo es “inhumana” porque los judiciales están expuestos a la criminalidad desde hace algún tiempo.

“Cuando era jueza y teníamos una audiencia complicada, estábamos expuestos completamente. Pudo haber llegado alguien con un arma y se volvía una masacre”, sostiene Vargas, pero precisa que “eso era antes” y que “los niveles que vivimos ahora son peores”. Además, recalca que el riesgo no solo es para los jueces penales, sino también para los de otras materias, los fiscales y los abogados.

Por su parte, un juez de lo Penal que prefiere mantener su identidad bajo reserva para evitar alguna represalia administrativa, se suma a las muestras de rechazo e indica que “sí, los jueces nos dedicamos a dictar sentencias, pero usted (Murillo) es el que administra nuestro órgano de gobierno. Y no le importa si nos pasa algo”.

Además, argumenta que estas declaraciones generan incertidumbre entre los funcionarios judiciales. “Se trata de la vida del ser humano, del funcionario, y esas palabras con tono político empeoran esta situación”, continúa y hace hincapié en que Murillo “le está dando la confianza al crimen organizado porque (...) poco le vale la vida del funcionario”.

Sobre el protocolo de seguridad, indica que tiene una ventana de reacción tardía, desde el momento en que los judiciales solicitan al ministerio correspondiente que evalúe la posible amenaza, hasta que se emite la respuesta con la ayuda de seguridad necesaria. “Por lo general el trámite está demorando entre tres y cuatro semanas”, estima el funcionario.

Por su parte, Zobeida Aragundi, exvocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, señala que la pugna entre Saquicela y Murillo distrae de lo principal: impartir justicia y resguardar el bienestar de los funcionarios judiciales. “El país vive momentos álgidos de violencia que demandan que la Función Judicial esté unida, planteando soluciones”. Sin embargo, enfatiza en que la declaratoria de emergencia no es la solución, porque los problemas se encuentran en otros ámbitos que ahora están siendo ignorados por las instituciones.

Problemas que para Marcelo Merlo, expresidente de la Judicatura Transitoria, se resumen en la falta de jueces, la mala distribución de los que actualmente imparten justicia y la falta de independencia para los funcionarios y la Fiscalía General del Estado. “Estas discusiones no les dejan ver los problemas que tiene la Función Judicial”, destaca Merlo.

“No es saludable para nadie (la pugna)”, continúa Merlo e indica que “los criminales son los que se frotan las manos” con el choque entre Murillo y Saquicela. Asimismo, insiste en que ahora “lo importante es que los ecuatorianos no pierdan la confianza en la justicia”, aunque “estas declaraciones no ayudan en nada y lo empeoran todo”.

LOS PROBLEMAS

• Funcionarios

La falta de funcionarios judiciales es uno de los principales problemas que observa Zobeida Aragundi, exvocal de la Judicatura. Ella indica que la carga procesal y la multiplicidad de casos aumentan la exposición de los judiciales. Esto sumado a la falta de efectivos policiales para su protección.

• Independencia

Marcelo Merlo, extitular de la Judicatura Transitoria, señala que una de las problemáticas de fondo que enfrenta la justicia es la falta de independencia en sus funcionarios, en especial de la Fiscalía General del Estado. Esta, según Merlo, debería ser impulsada desde la Corte y la Judicatura.

• Protocolos

Los agentes fiscales indican que la aplicación del protocolo de seguridad no responde a los tiempos ni a sus necesidades cuando se sienten amenazados. Denuncian que puede demorar hasta cuatro semanas, tiempo ‘ventana’ que les dan a los criminales para que atenten en su contra.