Se pule la seguridad para los jueces anticorrupción

Cuando la violencia se ha recrudecido en sectores de las provincias de Guayas y Esmeraldas, 14 jueces de Lucha Contra la Corrupción y Crimen Organizado se alistan para entrar en funciones.

La segunda quincena de diciembre está previsto que inicien sus actividades y con carga cero. Son 14 judiciales de primera y segunda instancias que conocerán los casos relacionados con 44 delitos que ocurran en zonas de frontera y casos de corrupción.

Ellos se presentaron el sábado 29 de octubre a rendir la prueba teórica del curso de Formación Inicial que tomó casi dos meses. Fueron 35 aspirantes. La evaluación duró casi dos horas y tenía una calificación de 30 puntos.

En ella se tomaron en cuenta las 16 asignaturas que los postulantes recibieron en el curso, así como las ocho conferencias internacionales. Cada candidato recibió por sorteo 100 preguntas de forma aleatoria de un banco de 800 preguntas, según el director de la Escuela de la Función Judicial, Danilo Caicedo.

La complejidad de la situación de violencia inusual que ha puesto en alerta a la Policía y a miembros de las Fuerzas Armadas y que en los primeros días de noviembre ha significado el asesinato de al menos cinco policías, ha obligado a las autoridades a extremar las medidas de seguridad para protegerlos. Ese tema, en cuanto a los jueces anticorrupción, se pone punto dentro del proyecto la Cooperación Internacional de INL de la Embajada de los Estados Unidos.

Eso tiene que ver con equipamiento tecnológico, detectores de metales, incremento de cámaras de Circuito Cerrado de Televisión, control de accesos, infraestructura civil y contar con áreas diferenciadas e independientes. Todo el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Quito será para esas instalaciones.

El Consejo de la Judicatura informó que, con relación a la seguridad física, se han realizado reuniones con la Jefatura de la Escolta Judicial sobre el número de personal policial que opera dentro del Complejo Judicial y a las funciones de seguridad, coordinación y acompañamiento en la realización de audiencias.

Además, la Judicatura indicó que está vigente el Instructivo de Seguridad Individual para jueces y fiscales de carrera de la Función Judicial. En esa normativa se establece el procedimiento para la solicitud de seguridad personal con base en el estudio de riesgos de cada uno.

Para el penalista Paúl Ocaña, la mejor medida que se puede optar es que se existan jueces sin rostro. Eso implica que “nadie conozca quién está a cargo de las decisiones judiciales, de esta manera, la seguridad física e integral de los jueces estaría a salvo y sus decisiones serían en derecho”, opina.

La posesión de los jueces no tiene fecha cierta porque se encuentra supeditada a la finalización del Curso de Formación Inicial y a la aceptación y formación de parte de los concursantes.

Un ex fiscal general, que pidió no se mencione su nombre, señala que la situación actual es extremadamente delicada. Como nunca en la historia del país, se ha desatado una confrontación abierta y de terrorismo por parte de las organizaciones criminales, esencialmente vinculadas al narcotráfico.

“En estas condiciones tan difíciles, ningún funcionario (de ningún nivel) está 100 % a salvo del riesgo de un atentado o amenazas.

“Hoy los delincuentes han demostrado que están dispuestos a dar el siguiente paso (al estilo Escobar o Sinaloa) de enfrentar al Estado nacional”, mencionó. Por eso, cree que las recomendaciones de seguridad deberían ser las que se emplean en personas de alto riesgo: equipos de seguridad, personal para el funcionario y su familia, etc. Es decir, aplicar aspectos técnicos (que sí tiene la Policía) para resguardar a los funcionarios. Con ellos, se garantizaría en mayor grado su seguridad y la de sus familias.

Perú tuvo sus jueces hace 5 años

La iniciativa de contar con jueces anticorrupción no es patrimonio exclusivo del Ecuador. En febrero de 2017, el presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, presentaba a los 14 jueces del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Al igual que a los jueces de Ecuador, a ellos se les encargó los casos más complejos y emblemáticos, como el de Odebrecht, en el que se procesó al expresidente de ese país Alejandro Toledo y otros excolaboradores.

A diferencia del concurso impulsado en el Ecuador, ellos fueron escogidos de entre los 3.008 jueces que formaban el Poder Judicial de ese país.

• Elegibles. Quienes no sean elegidos de los 35 finalistas del concurso pasarán al banco de elegibles.