Todos quieren saber quién presiona a la fiscal Salazar
Sería gente que aboga por Pablo Celi, según su respuesta al presidente Lasso Pero, además de ese nombre la funcionaria no ha mencionado ninguno más
Nombres deberían acompañar a la denuncia que formuló el lunes la fiscal general, Diana Salazar, en su cuenta Twitter. Es el pedido generalizado de juristas, jueces, exdecanos y otros consultados por EXPRESO.
Por el momento, además de decir que han abogado por el contralor Pablo Celi, se desconoce quiénes serán las exautoridades, personal de otras funciones y ‘ciudadanos ilustres’ a los que se refiere la fiscal.
El propio presidente Guillermo Lasso ante los tres trinos que escribió la funcionaria, tras su pedido de diferimiento de la audiencia revocatoria de la prisión del contralor Pablo Celi pidió precisar si algún funcionario de su gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia.
Salazar reconoció que no son funcionarios del gobierno del presidente Lasso, pero insistió en que existirían personas que “han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C.”.
Marcelo Ron, defensor del contralor, asegura que, de parte de esa defensa nadie ha presionado y tampoco se han valido de otras personas para abogar por él.
La jueza de la Corte de Guayas, Ivonne Núñez, cree que “la denuncia de la fiscal general del Estado se torna infundada al no especificar quién o quiénes ejercen presión por favores pagados”. Señala que las funciones de un fiscal no son realizar denuncias sin fundamento y que es su obligación dar nombres, pues como fiscal puede hacer las investigaciones necesarias en el caso.
La fiscal piensa que es posible que le van a dar medidas alternativas a Pablo Celi.
Alfonso Zambrano Pasquel, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, cree que hay falta de seriedad “con una afirmación sin sustento alguno”.
Opina que lo que se pretende con esa afirmación es generar un mecanismo de presión mediática, buscando que haya eco o se replique la queja, para que los jueces se sientan obligados a actuar de acuerdo con las pretensiones de la Fiscalía.
Jorge Ortega, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, considera que la fiscal debería hacer conocer a la ciudadanía qué sectores y personas vienen ejerciendo presiones, para desviar las acciones y labores de la Fiscalía General de la Nación.
Añadió que debería hacerlo si tiene pruebas de las presiones abiertas o encubiertas que le han efectuado. Nuñez y Zambrano opinan que Salazar “no tiene los nombres”.
La mañana de ayer, EXPRESO solicitó vía correo electrónico a la Fiscalía un pronunciamiento sobre la posibilidad de que se abra un expediente para investigar lo señalado por la fiscal. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Los mensajes de la fiscal en Twitter recibieron apoyo y desaprobación en la red social.
Pero, que alguien amenace a la fiscal no es nuevo. En 2017, cuando Carlos Baca Mancheno era fiscal general del Estado y Salazar era parte de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y tenía a su cargo el caso Odebrecht le llegaron amenazas a su teléfono celular. Llegó en un video y fueron amenazas de muerte proferidas por un ‘Frente de Liberación Popular’. Fue el 22 de octubre de 2017.
Salazar recibió respaldo y protección. Hubo investigaciones. El fiscal Baca condenó la amenaza. “Estas amenazas, lejos de doblegar la valentía y fortaleza de Diana Salazar, ratifican que la lucha contra la corrupción es irreversible”, dijo.
