Quinto reporte de Contraloría evidencia anomalías en la concesión de carnés de discapacidad

Incumplimiento de regulaciones de la autoridad sanitaria, la falta de documentación de respaldo y equipos de servidores calificadores no acreditados. Son parte de las irregularidades frecuentes que encontró la Contraloría en la emisión de carnés de discapacidad, según el quinto reporte de control público.

Las anomalías se detallan en 68 informes de Contraloría que se aprobaron entre 2020 y 2021. La Contraloría analizó el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud efectuado entre 2014 y 2020. La anomalía más recurrente es el incumplimiento de normativa, regulaciones y procesos, debido a que los equipos integrados para la calificación de discapacidades no pidieron informes de especialistas, certificados médicos y la evaluación de trabajo social.

Por esa razón, dice la Contraloría, la valoración de porcentajes de discapacidad no contó con una evaluación completa, como factores sociales y complementarios de los pacientes. Un comunicado de la Contraloría determinó que se emplearon criterios emitidos sin evidencia científica actual y que no se incluyó un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, afectando la calidad de la evaluación de los pacientes.

Las auditorías evidencian que no se respetó el debido proceso a la hora de la apertura la historia clínica, evaluación, calificación y emisión del carné. Procedimiento cumplido en un solo día. De ahí que se evidenció porcentajes sobrevalorados en la calificación de factores sociales y emisión del carné con porcentajes de discapacidad que no correspondían a la realidad de los pacientes.

No hay consistencia en la calificación y recalificación de discapacidades. Hubo personas que no cumplieron porcentajes mínimos de discapacidad y fueron acreditadas con esta condición, pese a no cumplir los requisitos. En muchos casos, fueron profesionales no aptos los que calificaron las discapacidades físicas, auditivas y visuales. Hubo errores en la sumatoria de puntajes, sin nombres de los servidores que efectuaron las evaluaciones ni las firmas de responsabilidad. Adicionalmente se detectó falta de supervisión y control fue la principal causa de estas deficiencias. 

A todo eso se suma la ausencia de documentos físicos y digitales de respaldo. Según la auditoría, las historias clínicas no cuentan con documentación que justifique los porcentajes o el tipo de discapacidad acreditada a varios pacientes. Tampoco existen anexos técnicos respectivos en el Sistema Informático en Línea. Son al menos 282 hallazgos de auditoría relacionados con irregularidades en el proceso de emisión del certificado de calificación de discapacidad y la entrega del entre 2014 y 2020.