Quito: Conductores hacen plantón por irregularidades en proceso de matriculación vehicular

Exigen que se les reembolse el pago de las multas, luego de una sentencia de la Defensoría del Pueblo. Dicen que el Municipio les está “metiendo la mano al bolsillo”.

Unas 3 mil personas se juntaron en los exteriores de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en el Bicentenario, norte de Quito, para exigir al Municipio que se cumpla con la sentencia de la Defensoría del Pueblo. En esta se determinó que las multas emitidas por recalendarización deberán ser derrocadas y devueltas a los conductores.

El activista Darío Paladines explicó que con estas acciones el alcalde Santiago Guarderas “le está metiendo la mano en el bolsillo al pueblo“. Para él, el pronunciamiento de la Defensoría fue bastante claro y confirmó que son varios los afectados por la falta de turnos para la revisión vehicular.

En julio pasado, y luego de algunos inconvenientes en la AMT, se inició el proceso de matriculación para los vehículos que terminan en los dígitos uno y dos. En ese momento, los conductores ya se quejaban de una falta de citas para continuar con el trámite. Y, pese a que se ofreció que estarían exonerados, los chóferes afirman que eso no se ha cumplido.

Pablo Manobanda indicó que la multa por no cumplir con la revisión vehicular, a tiempo por falta de turnos, asciende a $400. Para él, esta situación es insostenible, debido a que en su trabajo como taxista le es imposible juntar esa cantidad y terminar con el proceso.

Pero él no es el único, según sus compañeros de cooperativa son más de 70 personas las que no han podido acceder a un turno para la revisión vehicular. Como consecuencia, el proceso de matriculación se ha visto retrasado. “Nos da miedo de que nos quiten los carros. Ya hemos sufrido por el cobro de tanta multa y ahora no podemos ni trabajar en paz”.

Ante la situación, Paladines, representante del sector automotriz, indicó que este es el primer plantón de los muchos que se harán si el Municipio no responde ante la sentencia de la Defensoría del Pueblo. Lo más importante para el vocero es que se reembolse a la gente el pago de las multas que asciende a $109 por persona.