Marchas 21 de noviembre 2024 en Ecuador: las razones de la protesta

Para este jueves 21 de noviembre, diversas organizaciones sociales han convocado una nueva jornada de protestas en contra del gobierno de Daniel Noboa. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular (FP) han liderado la convocatoria, con el respaldo de otros grupos como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), pequeños comerciantes, colectivos de mujeres, organizaciones estudiantiles, trabajadores de distintos sectores y petroleros.

Las protestas surgen en un contexto de creciente descontento con las políticas del gobierno de Noboa, las cuales, según los manifestantes, han profundizado la crisis económica, energética y social que enfrenta el país. En particular, desde la UNE se rechazan las recientes amenazas de represión anunciadas por la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta advirtió sobre la imposibilidad de permitir el ingreso al Centro Patrimonial de Quito durante las movilizaciones, sumando el respaldo del Bloque de Seguridad del gobierno.

Movimientos sociales rechazan las declaraciones de la ministra Mónica Palencia 

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Andrés Qhispe, presidente de la UNE, acusó al gobierno de actuar con un enfoque represivo y autoritario, argumentando que el Ministerio de Defensa destinó 6.8 millones de dólares para la adquisición de 280 mil granadas de gas lacrimógeno. 

Para los manifestantes, este gasto es injustificable, sobre todo cuando existen necesidades urgentes en áreas como la educación y la salud. Qhispe resaltó que mientras se destinan grandes sumas para la represión, se necesitan recursos para el mantenimiento del parque termoeléctrico, el pago de deudas salariales a miles de profesores y la atención a la grave crisis en el sector de salud.

“Desde la UNE, denunciamos este enfoque represivo hacia un pueblo que exige respuestas ante una gestión que ha agravado la crisis económica, energética y social”, expresó Qhispe, quien además alertó sobre el riesgo de que el gobierno inicie un proceso de criminalización de la protesta social, vulnerando el derecho constitucional a la protesta pacífica.

Por su parte, Edwin Bedoya, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), también expresó su rechazo a las declaraciones de la ministra Palencia, quien trató de estigmatizar a los manifestantes como “delincuentes”. Bedoya recordó que el derecho a la resistencia está protegido por la Constitución, y subrayó que las fuerzas policiales deberían enfocarse en combatir el crimen organizado, como el narcotráfico, en lugar de reprimir a los trabajadores que se oponen a las políticas neoliberales que promueven despidos masivos e injustificados.

Movimientos piden que se frenen los despidos intempestivos 

El descontento también se ha incrementado debido a recientes despidos en empresas como Paraiso, donde 50 trabajadores fueron cesados sin recibir indemnización. Bedoya aseguró que, a pesar de que el gobierno ha condonado deudas a las empresas, las condiciones laborales de los trabajadores no han mejorado y persisten los despidos.

Con el anuncio de más protestas en todo el país, los representantes de estas organizaciones aseguran que las movilizaciones no cesarán hasta que el gobierno de Daniel Noboa atienda sus demandas. La jornada del 21 de noviembre se anticipa como un nuevo capítulo en las protestas que se intensificaron el 15 de noviembre, y que seguirán hasta que el gobierno dé respuestas a las exigencias de los sectores sociales más afectados.

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