Radares: Este es el hilo de empresas y personas detrás de contratos de la CTE
La entidad entregó negocio millonario de radares a dos consorcios, en 2023
En la administración de Ernesto Pólit como director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se contrató a dos consorcios para que gestionen los radares de velocidad en hasta 480 puntos a nivel nacional, por doce años.
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Producto de esos acuerdos de julio de 2023, dichos consorcios tienen la participación del 45 % del valor de cada multa registrada por las cámaras sancionadoras, por los primeros tres años; y el 35 %, por el resto de tiempo.
Se trata de un negocio millonario, pero que no generó el interés de más participantes, solo de Ecutransit y Seviecu. En la etapa de apertura de sobres solo hubo una oferta para los puntos de control del territorio A y una oferta para gestionar los dispositivos en el territorio B, correspondientes a unas doce provincias en total.
Como ejemplo del nivel de ingresos por multas captadas por los aparatos, de diciembre de 2023 a abril de 2024, la recaudación de tres de 38 radares, ya instalados y operando, asciende a $1,1 millones, según cifras oficiales que conoció EXPRESO.
La opacidad con la que se desarrolló el proceso contractual, ante la falta de publicidad, según fuentes consultadas por este Diario, y los vicios legales que se detallan en un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que revisó un equipo de EXPRESO, levantaron las alarmas de varias instituciones.
Este martes 4 de junio, la Secretaría de Integridad pidió a la Contraloría que audite los contratos de delegación y la CTE anunció la suspensión de los registros de los valores de multas emitidas por los 39 radares (uno más del conteo antes citado).
EXPRESO realizó un análisis a los consorcios que obtuvieron los contratos. La agrupación de entidades Ecutransit está compuesta por cuatro empresas, Traffic Control Systems Cts S. A., Cosideco S. A., Speedcontrol S. A. S. y Nonspeed S. A. S.
En estas empresas constan como accionistas otras compañías, personas naturales o beneficiarios finales (ver el gráfico). Este Diario identificó ciertas relaciones con exfuncionarios públicos.
Por ejemplo, Carlos Drouet, quien ha ocupado los cargos de coordinador general administrativo financiero en el Ministerio de Telecomunicaciones y subgerente general de Correos del Ecuador, según los registros oficiales, es accionista de DB-Gestores de Inversiones S. A. S., firma que es parte de Speedcontrol S. A. S., que a su vez integra el consorcio Ecutransit.
EXPRESO envió solicitudes de entrevista a las compañías que son parte de las dos asociaciones mercantiles. Aún está pendiente la respuesta.
El consorcio Seviecu, en cambio, está compuesto por cinco empresas: Semoecsa S. A. S., Greatinvestments Greatinvestsa S. A., Telconet S. A., Pronavial S. A. S. y Mantenimiento Técnico Especializado MTECia. Ltda.
En este grupo de compañías, se identificó la siguiente relación. En Semoecsa S. A. S. consta como beneficiario final Juan Javier Botteri Pérez, quien es propietario de BBCCorpsol S. A. S. Esta firma registra como gerente general a Carlos Eloy Balarezo Cedillo, quien ocupó el cargo de director ejecutivo de la CTE entre 2021 y 2022, para citar otro ejemplo.
Otro dato no menor es el domicilio que registra la empresa Green Investments: Andorra, un territorio que consta en la lista de paraísos fiscales que publica el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su portal web.
En este grupo de compañías también está la empresa Telconet, especializada en el servicio de internet y que se ha hecho con otros contratos públicos en diferentes instituciones.
Esta empresa está ligada a la familia del excandidato presidencial Jan Topic, quien hace poco descartó que correría de nuevo para una elección de ese tipo.
Ante los señalamientos vertidos sobre las contrataciones por delegación, ciudadanos esperan que las instituciones de control auditen los procedimientos que se realizaron en la CTE para identificar posibles irregularidades.
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