Radares: Seviecu reacciona ante orden estatal de revisar millonario negocio con CTE

Al cuarto día de que EXPRESO solicitara una entrevista a los consorcios Ecutransit y Seviecu, ganadores de contratos para gestionar hasta 480 puntos de control con radares de velocidad, solo una de esas agrupaciones de empresas ha dado señales.

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No obstante, la reacción de Seviecu -cuyos socios son Semoecsa S. A. S., con el 35 %; Telconet S. A. (del empresario de internet Tomislav Topic, padre del excandidato presidencial Jan Topic, quien hace poco descartó que correría de nuevo para una elección de ese tipo), con el 33 %, Mantenimiento Técnico Especializado MTE Cia. Ltda., con 17 %; Pronavial S. A. S., con 10 %; y, Great Investments Greatinvestsa S. A., con 5 %-, se enfoca en los señalamientos y acciones de funcionarios públicos, quienes han aludido vicios legales y de procedimiento en la contratación. Sobre esto último, la Comisión de Fiscalización elaboró un informe que recoge un análisis legal. 

Producto de la alerta que recogió la mesa legislativa y las observaciones del informe, el Gobierno anunció que pediría una investigación a la Contraloría. La CTE también comunicó la suspensión de los registros de los valores de las multas emitidas por los dispositivos relacionados con los contratos.

Sigue pendiente la respuesta del pedido de entrevista que hizo EXPRESO a los consorcios. Se busca despejar varios temas importantes de la contratación que no se aluden en el comunicado del conglomerado.

La reacción del consorcio Seviecu, uno de los que ganó negocio millonario que entregó la CTE

Este viernes 7 de junio, el consorcio Seviecu envió un comunicado a este Diario, en el que se enumeran respuestas a varios de los señalamientos oficiales, que se las presenta con la frase: "El consorcio Seviecu aclara".

En el primer punto, la asociación de entidades dice que "la contratación se hizo en los tiempos establecidos y en estricto cumplimiento de la Ley".

"Se habla sobre un tiempo récord de 42 días para un proceso. El proceso se sustenta en el COA (Código Orgánico Administrativo) y en un Manual de Procedimientos Internos de CTE con vigencia desde 2021. Entendiendo que no se trata de delegación de un servicio público o sector estratégico", menciona el consorcio.

En el punto 2 del documento que se compartió por la vía de correo electrónico, en cambio, Seviecu señala que "el proceso ameritaba una delegación de gestión".

"Se menciona un supuesto requisito de aprobación de la secretaria de alianzas público–privadas. Falso, el proceso es de delegación de gestión por contrato con base en el COA en los art 74 y 76, por lo que no está sujeto a un régimen de excepcionalidad. En consecuencia, este tipo de procesos no son Alianzas Público - Privadas, pues no son servicios públicos, lo que se delega es una gestión de un registro y procesamiento de infracciones de tránsito, con inversión 100 % privada", agrega.

El informe jurídico que observa "vicios legales y de procedimiento" de la contratación de la CTE

Diario EXPRESO tuvo acceso al informe de Fiscalización. Sobre la excepcionalidad y el requisito de notificar a una secretaría estatal el tema relacionado con la contratación por delegación. Así lo recogió la publicación: El negocio de los radares que entregó la CTE a dos consorcios.

“No se encuentra una razón técnica o jurídica que avale la decisión de emplear la contratación por delegación dentro del procedimiento (..,). Mucho menos se argumenta la excepcionalidad”, se cita en el informe jurídico de Fiscalización.

Otra de las observaciones del análisis de la comisión legislativa recae en que “la CTE, de forma previa a iniciar el concurso público, debía informar a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas sobre las trabas existentes, mismas que son expuestas en el informe de necesidad y su alcance”. En el documento se cita el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 545, de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por el entonces presidente Guillermo Lasso, que señala esa condición o formalidad.

En el informe también se pone el foco en otro ítem que contravendría otra norma. En el contrato suscrito con el consorcio Ecutransit se establece que asumirá la prestación del servicio de representación legal, con el que sustanciará los casos de impugnaciones de las multas, que buscaría salvar los intereses de la entidad privada y de la CTE.

“Como se puede anotar con claridad, la procuración judicial que la CTE pretendería dar al consorcio Ecutransit carecería de validez jurídica y dejaría en indefensión institucional, considerando que el Cogep (Código Orgánico General de Procesos) no determina la posibilidad o excepción para que una persona ajena a la institución pública ejerza el patrocinio legal en cualquier vía”, se lee en el informe, en el que se precisa que la misma observación se hace al contrato con Seviecu.

En otro punto de la "aclaración" de Seviecu se hace referencia al cálculo que se ha vertido sobre lo lucrativo del negocio millonario que entregó la administración de Ernesto Pólit en la CTE.

"Toda la inversión es de SEVIECU. Ingresos de mil millones. Dicen los denunciantes que de este servicio recibirán 1000 millones, lo cual es falso. Jamás los dispositivos podrían generar esos valores. Además, no se dice a la ciudadanía que quien recibirá el 55 % de pago de multas por infracciones de tránsito, que ponen en riesgo la vida de las personas, es el Estado. Nosotros recibiríamos el 45 %. Toda la inversión es de SEVIECU", dice el consorcio.

Un negocio millonario que se sostiene con el registro de multas de tránsito

Como contexto del nivel de ingresos que representan las multas por las infracciones registradas por los radares, se pueden citar cifras oficiales a las que accedió EXPRESO: de diciembre de 2023 a abril de 2024, la recaudación de tres de 38 radares, ya instalados y operando, asciende a $1,1 millones. El periodo de vigencia del contrato entre la CTE y los dos consorcios, que gestionarán cámaras fotomultas en hasta 480 puntos de control, es de doce años.

En la segunda entrega publicada por este Diario, Radares: Este es el hilo de empresas y personas detrás de contratos de la CTE, se detalla la red de compañías y personas naturales que integran las asociaciones de entidades que ganaron los contratos sin algún competidor: la CTE ofreció dos grupos de zonas para reponer, reemplazar, reubicar y gestionar radares. En esos dos procesos de selección solo hubo un oferente. EXPRESO identificó ciertas relaciones con exfuncionarios públicos, una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, entre otros detalles.

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