Rafael Cuesta
Rafael Cuesta.Archivo

Rafael Cuesta solicita examen especial al Ministerio de la Mujer y DD. HH.

El comunicador Rafael Cuesta denunció ante la Contraloría General del Estado la desaparición de recursos públicos

El comunicador Rafael Cuesta Caputi presentó una denuncia y petición a la Contraloría General del Estado por las irregularidades alrededor de la reparación económica que le fue dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Rafael Cuesta: “El Ministerio de Derechos Humanos desapareció $ 300.000”

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Según cita la denuncia de Cuesta, además del recurrente incumplimiento del Estado ecuatoriano al informe de la CIDH, los recursos que recibió el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para ejecutar su reparación económica desaparecieron.

El Ministerio de Finanzas informó que en enero de 2022 transfirió $ 1’040,080.46 a la cartera de la Mujer y DD. HH. para el pago de reparaciones, entre ellas la de Cuesta.

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Sin embargo, la cartera de Estado, tanto en la administración de Paola Flores como en la actual de Arianna Tanca, ha señalado no tener los documentos que respalden dicha transferencia.

La posibilidad de que se haya utilizado los fondos transferidos en otros fines que no haya sido la reparación de víctimas motivó la denuncia y petición de Cuesta de que se haga un examen especial para determinar el uso de dicho dinero público.

Arianna Tanca, titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos
Según la denuncia de Cuesta, la ministra Tanca también ha dado largas al cumplimiento de la reparación dispuesta por el informe de la CIDH.ARCHIVO EXPRESO

RAFAEL CUESTA FUE VÍCTIMA DE UN ATENTADO

Este caso surge del atentado con artefacto explosivo del que fue víctima Cuesta en febrero del 2000. Caso que escaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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En su informe vinculante, la CIDH pidió al Estado ecuatoriano cumplir con el reconocimiento de su responsabilidad por la violaciones a los derechos humanos, una investigación completa, imparcial y efectiva del atentado; y una reparación adecuada por las violaciones a sus derechos.

En 2021, tras solicitar una acción por incumplimiento, la Corte Constitucional dispuso que se cumpla con lo indicado en el informe de la CIDH. Sin embargo, a pesar de haberse ratificado el monto de la reparación, el Estado siguió incumpliendo.

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