BANNY MOLINA
Banny Molina era juez de Garantías Penitenciaras de Portoviejo, provincia de Manabí.ARCHIVO.

Ratifican sentencia de un año de prisión contra exjuez que benefició a Jorge Glas

El exmagistrado de Garantías Penitenciarias fue condenado por usurpación y simulación de funciones públicas

Este viernes 7 de junio de 2024, un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ratificó la sentencia de un año de cárcel en contra del exjuez de Garantías Penitenciarias, Banny Molina, por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

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La defensa del exmagistrado de Portoviejo había presentado un recurso de apelación luego de recibir la condena, en primera instancia, el 25 de mayo de 2023, el cual fue rechazado esta mañana. Con la decisión, queda en firme la sentencia de un año de prisión por haber concedido habeas corpus a condenados por la justicia.

En agosto de 2022, Molina concedió uno de estos recursos al exvicepresidente sentenciado por los casos Sobornos y Odebrecht, Jorge Glas; así como a Daniel Salcedo, procesados por presunta corrupción hospitalaria; y a Christian Araujo, condenado por asesinato.

Detención de Banny Molina
Detención de Banny Molina en agosto de 2022.CORTESÍA
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El Tribunal acogió el pedido de Fiscalía, que argumentó en esta segunda instancia que la investigación contra Molina inició luego de recibir una denuncia del entonces director general del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, en la que señalaba que el exjuez habría emitido órdenes de excarcelación para tres privados de libertad (a quienes favoreció con acciones de habeas corpus) a las 16:46 del 5 de agosto de 2022, cuando ya había sido llamado a juicio en otra causa, el mismo día, antes de las 13:00. Es decir, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida.

El Código Orgánico de la Función Judicial dice que si un juez es llamado a juicio “la jurisdicción de la jueza o del juez se suspende”. Por tal razón, el Consejo de la Judicatura sostuvo que Molina “habría actuado sin jurisdicción” y cometido el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

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