Raul Ledesma: “El techo a las utilidades es ilegal, pero la Corte decidira”

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, habla de 5 temas de coyuntura con Diario EXPRESO.

- Se acerca el pago de las utilidades y aún hay reclamos por el techo a las utilidades.

- La posición oficial es el respeto de otras funciones como son la Corte y la Asamblea.

- El anterior ministro sacó el 5 % del techo de las utilidades...

- Mediante acuerdo ministerial reformó la Ley Orgánica, lo que es imposible legalmente. A pesar de que yo estoy a favor de ello, no podría hacerlo; porque un acuerdo ministerial no puede reformar por ningún concepto una Ley Orgánica. Pero, así se hizo. Luego, antes de salir, volvió el techo sobre 15 %.

- ¿Qué le piden a usted?

- Una parte de los afectados solicita que mediante acuerdo ministerial vuelva a violar la ley y reforme la Ley Orgánica, que el techo sea solo sobre el 10 %.

- ¿Cuál es su posición?

- Lo hecho en la Justicia Laboral es ilegítimo. No se puede quitar un dólar de sus utilidades, pero la Asamblea lo permitió y dentro de esa misma Asamblea hay quienes están de acuerdo con que se debe revertir y no han hecho nada.

- El camino de la Corte...

- Puede decir que es ilegal poner un techo al 15 % de las utilidades, que yo creo se debe resolver. O, puede dejar el 10 % para el techo. O, puede resolver que el 15 %. Ahora, si yo devuelvo el 5 % mediante un acuerdo y la Corte resuelve después que sobre el 15 % estaba bien el techo de las utilidades, al día siguiente el IESS me dice: señor ministro, tenga la amabilidad de devolver los millones que tomó de nuestro dinero. Y la Contraloría me debería glosar por peculado, por uso individual de fondos públicos. Entonces, seremos respetuosos con lo que decida la Corte.

- En otro tema, Ecuador tiene un 4,6 % de desempleo, empleo no adecuado un 24,1 % y de subempleo 19,8 %. A estas cifras se están sumando los migrantes que llegan. ¿Qué está haciendo el Ministerio en este tema?

- Desde este lunes se van a hacer las inspecciones a nivel nacional, sobre todo en Guayaquil, Quito y Cuenca para vigilar que los contratos de los trabajadores nacionales y de migrantes estén registrados en el Ministerio de Trabajo (...) El empleador tiene 30 días para registrar el contrato de trabajo. Si no lo hace tiene una multa de 10 a 15 salarios básicos, dependiendo si es persona natural o jurídica.

- EXPRESO publicó que en Guayaquil se había puesto unas 40 denuncias de migrantes por pago inferior a lo que dice la ley. ¿Cuál es la situación en otras ciudades del país?

- Hay un número similar de denuncias en Quito y Cuenca.

- Hablemos del nuevo Código Orgánico Laboral, ¿cómo va?

- Terminamos una primera recepción de propuestas de las 24 provincias, junto con la Asamblea Nacional. Eso se terminó en diciembre, estamos en un proceso de sistematización y en marzo presentaremos el borrador.

- Hay analistas que dicen que hay 50.000 trabajadores públicos más en el Gobierno, ¿cuál es la cifra oficial?

- En mayo de 2017 había 480.475 funcionarios y a enero de 2018 es de 495.705. Es decir, que el incremento es de 13.230 funcionarios repartidos de la siguiente forma: en la Función Ejecutiva, 11.230 funcionarios; en la Función Electoral, 1.120; en la Función Judicial, 690 y la Función de Transparencia y Control Social, 300. En la Función Ejecutiva que es la que nos corresponde, un 97 % del incremento se encuentra en las áreas de salud, 6.062, la mayoría médicos y educación, 3.064 profesores y seguridad nacional, 1.741. Y el 3 % en distintas instituciones. La cifra está justificada solo en las áreas sociales. No se ha aumentado en asesores. Estamos en la política de austeridad, pero lo que no se va a sacrificar es el tema de la educación, salud y seguridad. Estas áreas deben reducir 5 %, pero no de personal; sino de gastos y el resto de las áreas deben reducir un 10 %. El presidente fue enfático en decir que no se puede reducir en los planes sociales, ni en la calidad del programa social.