RC y ADN tienen visiones contrapuestas sobre el futuro de los juicios políticos

La decisión de la asambleísta Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana (RC), de suspender el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de responder la sentencia sobre la acción de protección a favor de la legisladora oficialista Inés Alarcón no fue un asunto de bancada, sino algo a título personal, señaló su correligionaria Gisela Garzón.

La parlamentaria explicó este miércoles 4 de septiembre de 2014 que en la RC habían planeado varios escenarios en ese contexto. Uno de ellos está relacionado con una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que frena las acciones de protección en el ámbito legislativo. Para Garzón, la sentencia a favor de Alarcón, que le concedió una acción de protección sobre el orden de los juicios políticos, es un "precedente nefasto". "Se meten las manos de la justicia en las decisiones que se tomen políticamente, porque la misma Corte Constitucional ha diferenciado lo que es un cuerpo colegiado de justicia de lo que es este cuerpo colegiado (la Asamblea) y reconoce que tiene subjetividades en sus decisiones, y que, por tanto, no se traducen en cárcel ni nada por el estilo, sino en lo que la ley nos permite.”

Agregó que entiende el actuar de Aguirre desde la Comisión de Fiscalización, pero no considera pertinente, en términos institucionales, que lo haya hecho, ya que cree que se debería esperar el pronunciamiento de la Corte. Para Garzón, hay una serie de errores: “Aquí actúa mal la asambleísta Alarcón al intentar subsanar un tema que legislativamente hablando tiene un camino; actúa mal el juez que se entromete en otra función del Estado, es decir, pone en riesgo la independencia de funciones; y actúa mal el momento en que se pretende vulnerar el debido proceso. Es que retirar firmas es potestad de los legisladores, así como ponerlas”, justificó.

Opiniones divididas por los juicios políticos

Según su criterio, Aguirre no corría el riesgo de caer en la figura del desacato, que era el argumento de la bancada oficialista para presionar a que la Asamblea cumpliera con la sentencia. El martes, tanto Alarcón como Valentina Centeno y otros miembros de ADN señalaban que, de no cumplir con la sentencia, los legisladores corrían el riesgo de pagar multas e incluso de ser destituidos. Pero Garzón asegura que eso no era posible y que Aguirre no debía actuar luego de que el Pleno aprobara una resolución el martes en la que se estipuló que, entre otras cosas, se aplicarían recursos legales pertinentes y se esperaría un pronunciamiento de la CC. Hizo hincapié en que su decisión fue unilateral y, al menos, llama la atención en la bancada correísta.

La asambleísta del correísmo está especialmente preocupada por el tema porque ella es la proponente de uno de los juicios políticos en contra de la fiscal Diana Salazar, ya que la Constitución establece que ningún juicio puede empezar a tratarse si existe otro en trámite, lo que puede provocar vulneraciones. Su objetivo, asegura, es garantizar un debido proceso y velar porque el CAL (Consejo de Administración Legislativa) haga lo que corresponde en cuanto a los juicios contra la funcionaria: conocerlos, calificarlos y notificarlos a la Comisión de Fiscalización.

ADN ve correcta la decisión de Aguirre

Sobre el tema, la legisladora oficialista Lucía Jaramillo consideró que la decisión de Aguirre fue adecuada, ya que, de lo contrario, se estaría hablando de desacato, dado que la sentencia fue remitida directamente a la Comisión de Fiscalización, que ella preside. “Lo que esperamos como ADN es que se cumpla con lo correcto; aquí no puede venir la gente a quitar firmas, a ponerlas y no respetar el debido proceso. Lo que nosotros pedimos es que se respete el orden en el que fueron presentados los juicios políticos”, manifestó.

Según Jaramillo, antes de que se presentaran las fiscalizaciones contra la ministra Palencia y la fiscal Salazar, había tres más en cola contra exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso. Subrayó que el juez ordenó que se regresara a los juicios políticos de los exfuncionarios de Lasso. “Habrá que esperar cuál es la decisión de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, fuimos los primeros en pronunciarnos en que vamos a defender el trabajo de la fiscal. ¿A qué temen? ¿Al caso Purga, al caso Metástasis, a que se sigan investigando los delitos de corrupción? Nosotros vamos a defender el trabajo de la Fiscal, que lo único que ha hecho es dar a conocer esos actos de corrupción”, insistió.

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