Se realizará veeduría ciudadana por los derechos de los migrantes ecuatorianos

Este fin de semana en Madrid, el consejero Augusto Verduga del CPCCS mantuvo un encuentro abierto con la ciudadanía ecuatoriana residente en territorio español. El objetivo fue escuchar las distintas problemáticas que presenta la comunidad migrante e informar la conformación de una veeduría internacional.

A la reunión asistieron decenas de compatriotas, la mayoría de los cuales expusieron sus casos sobre la falta de atención consular para los afectados por hipotecas en España. Algunos de los asistentes expresaron su decepción, mencionando que los políticos ecuatorianos a menudo vienen a España a hacer campaña y pedir votos, pero luego se olvidan de ayudarles a resolver sus problemas.

No obstante, Verduga les informó que el pasado 14 de febrero, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió por unanimidad convocar a la conformación de una veeduría ciudadana. Esta veeduría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los derechos de los migrantes ecuatorianos a través de la embajada y los consulados del Ecuador en España.

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"El ámbito de esta veeduría será internacional y se llevará a cabo en un plazo de seis meses", explicó Verduga durante su intervención. Además, se requerirá la participación de al menos tres migrantes que residan en España.

Los testimonios de los asistentes fueron emotivos, ya que se sienten desprotegidos con respecto a sus problemas inmobiliarios. Uno de los representantes del grupo de compatriotas indicó que desde 2019 hasta 2024 se han producido 40 desalojos de viviendas a ecuatorianos.

Esperanza Córdova, quien ha vivido en España durante 22 años, expresó su preocupación por su situación hipotecaria. Según ella, ha sido "el peor de los calvarios", ya que no puede dormir en paz sabiendo que, a pesar de haber pagado una suma de dinero al banco, este no comprende la situación de las personas cuando se quedan sin trabajo o se encuentran en una situación económica vulnerable.

La migrante, oriunda de la provincia de Loja, perdió su casa en 2013, pero mencionó que como anteriormente existía el servicio jurídico ecuatoriano, pudo negociar con el banco para entregar el inmueble sin conservar la deuda. Es importante señalar que muchos contratos hipotecarios en España incluyen cláusulas que estipulan que, en caso de no poder cancelar la vivienda, el banco se queda con el inmueble pero la persona debe continuar pagando el adeudo.

“Considero que la veeduría vendrá a ser un apoyo importante para todos, porque ahora mismo nos encontramos desamparados. Esto podría solucionar el problema de muchos", mencionó Esperanza.

Una pareja de esposos que participó en este diálogo indicó que, aunque no se encuentran en situación de impago o desalojo, les preocupa que el costo de la mensualidad de la hipoteca aumente cada vez más. Uno de los problemas más comunes y frecuentes que suelen enfrentar los inmigrantes en España es el desconocimiento acerca de los contratos de hipoteca variable. Estos contratos, a diferencia de los de tipo fijo, están sujetos a la subida del euríbor, que es el tipo de interés que se aplica a los préstamos en euros. Esto puede generar incertidumbre y dificultades económicas a largo plazo.

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"Empezamos a pagar una hipoteca de 500 euros y ahora nos ha subido a 1.210 euros en un período de 3 años. Muchos amigos y conocidos han tenido que devolver sus viviendas y se han regresado a Ecuador dejando la deuda. Afortunadamente, con la ayuda de la familia y nuestros dos trabajos (mi esposo y yo), hemos podido mantener el departamento. Pero en la actualidad es una situación muy estresante", comentó Karina.

Durante la crisis de 2008, ella y su esposo se quedaron sin empleo y acumularon una deuda de 10.000 euros con el banco. "Tuvimos que vender una propiedad que teníamos en Ecuador para poder pagar y seguir viviendo aquí".

Ambos esperan que exista una ayuda real por parte del Gobierno. En las últimas elecciones, “le apoyamos al Señor Noboa, esperemos que dé solución a los migrantes, que nosotros somos una parte importante para el país, opinó su cónyuge.

Por otro lado, una joven ecuatoriana también expuso su situación respecto a la demora en la apostilla de documentos. Damaris Morales relató que necesita homologar en España su título de bachillerato de Ecuador para continuar sus estudios universitarios en Madrid. Sin embargo, parece haber un problema con la firma, y ha pasado meses sin que le hayan apostillado su título.

"No sé qué problema hay con el consulado, con la organización (...) Me llamaron para que me acerque otro día y tampoco se solucionó. Lo único que me dijeron es que podía dejar pagando la tasa y que ellos me iban a llamar". Morales espera que la veeduría ciudadana pueda "agilizar los trámites consulares".

VEEDURÍA CIUDADANA INTERNACIONAL SE PONDRÁ EN MARCHA 

El consejero Augusto Verduga habló con EXPRESO para conocer el alcance de esta veeduría.

"He asumido un compromiso hoy con nuestros migrantes para brindarles acompañamiento en el desarrollo de este mecanismo de fiscalización y control social. El principal problema es el de los desahucios, pero también hay servicios consulares de apostilla en los documentos, repatriación de cadáveres y el hecho de que aún no se pueda generar el registro del cambio de identidad de las personas de la comunidad LGBTIQ+", señaló.

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La veeduría internacional constará de varias fases: convocatoria, selección de veedores que cumplan con los requisitos, capacitación y entrega de credenciales para dar inicio al proceso.

Además, Verduga aclaró que el CPCCS no tiene la capacidad de sancionar, pero sí de generar incidencia para que otras entidades de control tomen acción.

“El Consejo de Participación es un facilitador, no tiene capacidad coercitiva. Sin embargo, vamos a apuntalar para que finalmente esta veeduría tenga informes objetivos que puedan servir de insumo a la Contraloría General del Estado para que inicie exámenes especiales y se corrija esta situación”.

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