Un reclamo en la CIDH que puede costarle caro al Estado

El Estado, a través de la Procuraduría, refuerza su defensa jurídica en un caso que se tramita en su etapa final en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El proceso, que implica un polémico episodio político ocurrido en el país hace 13 años, pudiera llevar al cumplimiento de reparaciones y millonarias compensaciones económicas.

El organismo del sistema interamericano admitió en 2017 una denuncia presentada por 53 exdiputados, que alegaron violaciones a sus derechos humanos luego de ser imprevistamente cesados de sus cargos, asumidos dos meses antes.

El 7 de marzo de 2007, cincuenta y siete legisladores fueron destituidos por disposición del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), que era presidido por Jorge Acosta -defensor del empresario Alberto Hidalgo, sentenciado por el caso Sobornos-. Un día antes, Acosta había sido también destituido por el Congreso, por dar vía libre a la consulta popular convocada por Rafael Correa, en ese tiempo recién posesionado como presidente de la República, para que una Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución.

Tras estos sucesos, el 16 de octubre de ese año, 53 de los diputados separados presentaron una denuncia ante la CIDH, alegando violaciones a sus derechos humanos. Dentro de su queja se incluyó el pedido de reparación y compensaciones.

Ellos solicitaron que si no era posible reponerlos en sus cargos, se los indemnice por el periodo de tiempo que les quedaba por cumplir de sus cuatro años como congresistas electos. El salario mensual de un diputado en 2007 era de $ 4.300 (incluyendo $ 500 por gastos de residencia). Por lo que si al menos se considera el pago de remuneraciones por 3 años y nueve meses, daría como resultado $ 193.500 por cada peticionario. Esto suma un total de $ 10’255.500 por los 53 reclamantes.

Seis de esos exdiputados consultados por EXPRESO (Alfredo Serrano, Luis Fernando Torres, Raúl Auquilla, Henry Carrascal, Freddy Bravo y Teófilo Moscol) manifiestan que la prioridad de su petición ante la CIDH es que el Estado reconozca que se violaron sus derechos y que se condene a los responsables.

¿Cuál es la posición del Estado sobre este reclamo? La Procuraduría indicó a este Diario que, por encontrarse el caso actualmente en litigio, no puede exponer sus argumentos ni línea de defensa.

Como parte de la defensa jurídica estatal en este proceso que se tramita en la CIDH, la entidad pública se apresta a contratar una consultoría especializada, presupuestada en $ 6.000. El propósito es contar con prueba pericial “adecuada, suficiente y pertinente, que a su vez, contribuya a evitar el pago excesivo por concepto de indemnización”, señala uno de los documentos subidos en el portal de Compras Públicas.

La Procuraduría confirma a EXPRESO que los exdiputados requirieron que la CIDH disponga al Estado el “reconocimiento de la indemnización que corresponda por los daños morales y materiales”. Precisa que la determinación de la indemnización es posterior a la fase de fondo, “por lo que no corresponde a este momento procesal la determinación de montos de una eventual indemnización”.

Sin embargo, en los términos de referencia de la contratación de consultoría que tiene en curso, la entidad deja en claro que en el supuesto de que un tribunal internacional llegue a conocer el presente caso, determine la vulneración de derechos y, en consecuencia, disponga el pago de la indemnización, “deberá tomar en cuenta el valor que deberá responder al tiempo restante de su período como miembros del Congreso Nacional, es decir, 8 meses”.

El caso en la CIDH, denominado ‘Fernando Aguirre y Otros (53 diputados destituidos del Congreso Nacional)’, se encuentra en la etapa de fondo, que es cuando el organismo debe decidir si hubo o no violaciones a los derechos humanos, a través de un informe.

Si este concluye que los hechos configuran vulneraciones, incluirá recomendaciones al Estado, que entre otros puntos, pueden estar dirigidas a esclarecer los hechos y efectuar una investigación oficial y sanción, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal y pedir la adopción de otras acciones estatales.

“Pedimos que se haga justicia, que se condene al Estado por la aberración que se cometió contra el derecho de los diputados”, alega Alfredo Serrano, procurador común de los denunciantes.

Billy Navarrete, defensor de derechos humanos, explica a este Diario que si el Estado no cumple con las recomendaciones, la Comisión remitirá el expediente del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para su conocimiento y resolución.

La Procuraduría y los exdiputados están a la espera del informe final que emita próximamente el organismo.

EL DETALLE

Proceso. La audiencia de fondo del caso se desarrolló el pasado 5 de marzo, en Haití. Las partes entregaron a la CIDH pruebas y alegaciones orales.