Recomendación de archivo ronda al informe del juicio político al presidente Lasso
Correístas y socialcristianos exigen rol más activo en construcción de texto. Ciertos asambleístas hablan de vacíos legales; otros que la ley es clara
Una tensión que va en aumento. Los intentos de incidir a toda costa en el contenido del informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso causaron fricciones el 4 de mayo de 2023 en la Comisión de Fiscalización y se extendieron al pleno de la Asamblea Nacional.
Más cuando todo apunta a que la presidencia de esa mesa legislativa emitirá un documento recomendando el archivo del proceso, por falta de pruebas que demuestren que el mandatario cometió peculado, como delimitó el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC).
Los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, el socialcristiano Pablo Muentes y el independiente Bruno Segovia acudieron, de forma sorpresiva, a una reunión que mantenían los asesores de Fiscalización.
No han armado nunca nada, nunca han contribuido con un solo párrafo (...) Antes nunca aportaban una línea y ahora están apasionadamente enloquecidos por aportar.
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Llegaron con dos objetivos: dejar claro que la responsabilidad y valoración absoluta de las pruebas es de los asambleístas y pedir que Santiago Becdach, que es parte del equipo asesor que elabora el informe, se excuse de seguir con esa tarea, porque habría emitido comentarios en contra del juicio político.
¿Qué pasa si se recomienda el archivo? Para el sábado 6 de mayo se prevé que el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, convoque a una sesión de esa mesa legislativa para que se debata el contenido del informe y posteriormente se vote.
No vamos a permitir que con triquiñuelas y obstáculos creados innecesariamente, la decisión (del juicio político) no pase al pleno. Que pase al pleno más allá de que existan o no los votos.
La inquietud es qué sucederá si no hay los apoyos para aprobar el archivo, teniendo en cuenta que la ley tampoco prevé que haya un informe de minoría o uno de posiciones. Viviana Veloz (Unión por la Esperanza), una de las promotoras del juicio político, dijo que lo que corresponde es que se remita el documento al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, independientemente de si hay o no los votos en la comisión.
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Pero el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, no quiere correr riesgos y por eso consultó al área jurídica de la Asamblea si existe la posibilidad de que haya un informe de minoría o que pueda haber una moción para que todo el expediente vaya a conocimiento del pleno.
La Comisión de Fiscalización debe remitir el informe, aprobado o no aprobado, a la presidencia de la Asamblea. La decisión sobre el futuro del presidente es de los 137 asambleístas.
Esto causó la reacción de Villavicencio, quien manifestó que entendería si la consulta la hacía un albañil, que no está al tanto de los temas legales, pero no un abogado litigante que debería conocer que solo el procurador general del Estado puede emitir un criterio al respecto si hay un vacío.
Esto generó que Torres busque a Villavicencio en el pleno con la intención de, al menos, increparle por sus aseveraciones. Fue necesaria la intervención de la escolta legislativa, por pedido de Saquicela, para que el tema no pase a mayores.
