Reconstrucción de Manabí: décimo intento para conocer el dictamen fiscal
Jorge Glas es parte de los procesados en la Corte Nacional
Este viernes 20 de diciembre se cumple el décimo intento para instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio relacionada con el caso de peculado en el proyecto de reconstrucción de Manabí.
Originalmente, la diligencia fue programada para junio pasado, cuando se cerraron los cuatro meses de instrucción fiscal del caso, pero la nueva fecha es este 20 de diciembre, a las 08:30, en la Corte Nacional de Justicia.
En el proceso están implicados el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, preso en la cárcel de La Roca; Walter Solís, prófugo en México, quien fue ministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa; y otras siete personas: Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; y otros cinco exfuncionarios del MTOP, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) e Inmobiliar.
¿De qué se trata el caso Reconstrucción de Manabí?
Para la Fiscalía General, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas, el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, priorizó el financiamiento de 584 proyectos, “distintos a los que debían ser catalogados como emergentes y favoreció a terceros en perjuicio del Estado ecuatoriano”. Los proyectos que se financió con la recaudación fiscal para la reconstrucción no fueron conocidos en sesiones anteriores del Comité y supuestamente no tuvieron la aprobación de los otros miembros del Comité en esa fecha.
A decir de Fiscalía, “este fue un medio para eludir procedimientos de contratación pública al priorizar proyectos distintos a los que debían ser catalogados como emergentes y favorecer a terceros en perjuicio del Estado ecuatoriano”.
La investigación de la Fiscalía determinó que existiría un presunto abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.
La investigación se ha centrado en 30 proyectos a cargo de seis entidades ejecutoras, cuyo valor global asciende a 367’478.972,30 dólares, financiados con fondos de la Ley de Solidaridad.
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