Tras el récord de incautar la droga, ahora debe quemarse

Entrar a las nueve de la mañana y salir al filo de la medianoche; sin descanso, atentos y vigilantes de lo que cada cierto tiempo se introduce en los enormes hornos de determinadas plantas de empresas privadas distribuidas en el país. Así de extenuante a veces (y dependiendo de la cantidad de ese polvo blanco que la justicia cada cierto tiempo envía a la hoguera) resultan los procesos de incineración del clorhidrato de cocaína que regularme se incauta en el país.

En el 2021 precisamente la Policía Nacional y su Unidad Antinarcóticos ha hecho públicas cifras históricas de capturas: 201 toneladas hasta el pasado 21 de diciembre. Pero luego sumó otras nueve toneladas. Antes, en el 2020, la suma alcanzó una cifra que también marcó un precedente: 128 toneladas.

¿A dónde va a parar tanta droga? De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, existen nueve coordinaciones zonales y cuatro oficinas técnicas distribuidas en todo el país. Cada una dispone de almacenes de depósitos temporales.

La ley determina cuándo se debe ejecutar la incineración de la droga, que es su destino final. El numeral 3 del artículo 474 del COIP indica que dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción, el juez dispondrá la destrucción del estupefaciente.

Acerca de este punto, Reinaldo Cevallos, juez de Garantías Penales, aclara que antes de la destrucción se procede a la toma de los elementos de muestra. “Es un elemento de prueba (la droga incautada) y por su volumen no puede ser presentada a un juzgado. Entonces, se lo hace mediante actas, las que constituyen los elementos de convicción que se presentan a las audiencias”. Este funcionario ha estado un sinnúmero de veces como delegado judicial en las quemas.

En el 2021 la incineración se concretó en nueve zonas. La mayor cantidad (ver gráfico) se cumplió en las zonas 8 y 9, es decir, entre Guayaquil y Quito. En el 2020 se lanzó al fuego un total de 137,7 toneladas.

Tras la ubicación del estupefaciente, la primera autoridad que asume el control de oficio es el fiscal. “Es el titular de la acción penal. A él le corresponde efectuar en los delitos flagrantes el ingreso de todas las evidencias y, en este caso, ingresar a la custodia a la Policía Antinarcóticos”, explica Cevallos.

Sobre este punto, la fiscal Margarita Neira aclara que, luego de la incautación, lo que se hace tras el levantamiento del acta es el pesaje y la toma de una muestra para determinar el tipo de insumo químico al que corresponde la sustancia. Tras esto se ordena el traslado de todo el material incautado a las bodegas de Antinarcóticos, a la espera de la orden de incineración que debe impartir, tal como quedó dicho, el juez que lleva la causa.

Según Neira, no se requiere que un delegado de la Fiscalía esté presente. En algún momento se les solicitaba un representante. Actualmente, solo un juez, el personal del Ministerio de Gobierno y elementos de la Policía Nacional.

“A mí me correspondió muchas veces asistir a estas jornadas de incineración”, recuerda Cevallos. Toman su tiempo y se las hace, dependiendo de la cantidad de clorhidrato de cocaína, en hornos de empresas metalúrgicas o de cemento. “Uno entraba a las nueve de la mañana y salía cerca de las 12 de la noche. Terminaba a la hora en la que ya no quedaba nada de ese polvo blanco”.

Sobre la ubicación de los hornos en los que se quema la droga, se trata de un asunto muy serio y de mucho sigilo, precisa Cevallos, debido a “los riesgos que implica el traslado de grandes cantidades del polvo, ante posibles ataques de los grupos narcotraficantes para recuperar los bultos”.

UN AÑO DE CIFRAS ALTAS DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Finalmente, las cifras que en enero de este año confirmó el Ministerio de Gobierno, acerca de los operativos en torno al tráfico de drogas, determinaron que se “desarticuló a 1.520 bandas narcodelictivas, decomisó 7.523 armas e incautó 210 toneladas de droga; el 68 % de estos resultados fueron a partir de la posesión” del actual régimen y que se implementó el Plan Rescate Ecuador.

Aunque en los últimos años se han descubierto algunos pequeños laboratorios de procesamiento en zonas fronterizas con Colombia, Ecuador en principio no es productor de droga sino zona de paso.

Por su territorio circulan sobre todo cargamentos producidos en Colombia y Perú, que salen vía marítima hacia Estados Unidos y Europa desde las playas ecuatorianas o incluso en pequeñas avionetas.

Este tráfico ha desarrollado estructuras delictivas de influencia internacional, incluidos carteles mexicanos, según reconocen las autoridades, y ha incrementado la delincuencia común y los sicariatos en las calles.