Los recortes amenazan la lucha anticorrupción

A la lucha contra el delito y la corrupción le toca ‘echar números’ para operar este año. La reducción presupuestaria llegó también a las entidades encargadas de investigar los actos irregulares públicos y privados. Una de las afectadas por el recorte es la Fiscalía General del Estado.

En la entidad hay preocupación porque, con menos recursos, no solo que tendrán que continuar sustentando las investigaciones y procesos judiciales por corrupción que están en curso, sino también las nuevas denuncias ciudadanas que se han ido incrementando con el pasar de los años.

En 2020 la Fiscalía contará con un presupuesto de 138’850.348 dólares, un millón y medio menos de lo que devengó hasta finales de 2019. En abril pasado, cuando Salazar tomó posesión del cargo, propuso tres ejes para su gestión. Uno de ellos es la innovación que esperaba empezar a ejecutar este año con un aumento presupuestario. La aspiración en esta entidad era llegar, al menos, a los $ 169 millones.

El otro tema importante que se esperaba concretar este año es el incremento en el número de fiscales para intentar alcanzar los estándares internacionales sugeridos. Actualmente, en el país hay una media de 4,9 investigadores por cada 100.000 habitantes. La media regional se ubica en ocho fiscales por cada 100.000 habitantes.

En nómina hay 845 fiscales a nivel nacional y harían falta algo más de 530 para que el país se ubique en un promedio aceptable. En enero de 2018, los cesados ex fiscal general Carlos Baca y el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Gustavo Jalkh anunciaron el inicio de un concurso para escoger a 400 nuevos fiscales.

Pero en abril de ese año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio suspendió el proceso hasta la designación del Consejo de la Judicatura definitivo. Casi un año después de la posesión del CJ, con María del Carmen Maldonado a la cabeza, el concurso no se ha reactivado.

Con algunas excepciones, las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social también han visto deteriorados, en los últimos años, sus ingresos para operar. Este 2020 no será diferente, salvo para la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, que recibirá $ 968 más de lo que devengó en 2019, y la Defensoría del Pueblo, que este año contará con $ 171.000 adicionales.

Quien más ha reclamado por esta reducción es el presidente del CPCCS, Christian Cruz. El funcionario asegura que el recorte hará más difícil su trabajo para luchar contra la corrupción, aunque hasta el momento las denuncias que han presentado en la Fiscalía se han basado en lo que dejó adelantado el Consejo de Participación de transición.

El CPCCS había pedido $ 14 millones para funcionar este año, pero Economía y Finanzas le entregó apenas algo más del 50 % de lo solicitado. Cruz, aprovechando la comparecencia de la subsecretaria de Presupuesto de esa cartera de Estado, Olga Núñez, pidió que se revise la asignación. La funcionaria le respondió que, por la situación económica que vive el país, todas las entidades han sufrido reducciones y que lo que le corresponde a cada institución es priorizar el uso de los recursos.

Para saber

Denuncias

En 2018 la Fiscalía receptó un total de 346.550 denuncias y hasta octubre de 2019 alcanzaban las 284.127 noticias de delitos recibidas.

Salarios

Según la programación de 2020, más del 90 % de lo asignado estaría destinado a salarios en la Fiscalía.

Personal

La institución cuenta con 3.921 funcionarios en todo el país: 845 son fiscales y 3.076 administrativos.