Los recursos, un dilema en las consejerías ad honorem
Ejercen sus funciones en una ‘zona gris’ de control. Expertos indican que ya es hora de oficializarlos. Los consejeros aseguran costear todos sus gastos
El poder de la palabra. Las consejerías ad honorem son una peculiaridad del Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. En su primer año de gestión, el mandatario designó alrededor de nueve consejeros en diversos temas: comunicación, política, medioambiente, corrupción, entre otros.
A pesar de que la naturaleza de su cargo no implica una remuneración o beneficios por parte del Estado, voces ciudadanas y de la esfera política reconocen que su verdadero poder radica en su influencia en el presidente y la posibilidad de valerse del aparataje estatal. Un riesgo que empieza a salir a la luz.
“Al ser un nombramiento infralegal no genera los efectos de las leyes vigentes”, indica el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, sobre el control que él considera se debería hacer a los consejeros ad honorem ante el riesgo del abuso a los bienes y recursos públicos.
Sin embargo, el consejero honorario en el seguimiento y cumplimiento del Plan de Gobierno, Aparicio Caicedo, dijo a EXPRESO que “la posibilidad de corrupción existe en los cargos pagados y no pagados”. Además, aclaró que “todos mis pasajes, mi movilización entre Guayaquil y Quito (de una vez por semana) son pagados por mí. No recibo un centavo. Absolutamente nada”.
También indicó que sus ingresos provienen “exclusivamente” de la docencia universitaria y de la dirección de la Fundación Ecuador Libre.
No recibo un centavo por viáticos ni nada de eso. Si el presidente Lasso tiene la gentileza de invitarme a comer a la residencia, es lo único que nos sirven en Carondelet.
Argumento con el que el exlegislador Héctor Yépez coincide y añade que el mal uso de un cargo o de recursos públicos “puede ocurrir en cualquier otro (puesto)”. Sin embargo, hace hincapié en que ante el cometimiento de un ilícito “tiene que caerle todo el peso de la ley”.
Por su parte, el consejero ad honorem en la política medioambiental, Roque Sevilla, señala a este Diario que no ha recibido “absolutamente nada” de recursos. Además, explica que solo se ha reunido con Lasso en una ocasión y que, desde entonces, ha mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Ambiente.
Sin embargo, indica que “las sospechas son justificadas (...) dado el grado de corrupción que existe en el país”. Esto, según Sevilla, motivado por el señalamiento al exconsejero ad honorem en temas bananeros, Juan José Pons, por el allanamiento a su domicilio en una investigación de la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de gestión de cargos públicos.
Las sospechas son justificadas. Si tanto el Gobierno como la opinión pública creen que esto no debe existir (las consejerías ad honorem), yo renuncio. No tengo inconveniente alguno.
Además, Sevilla aclaró que preside y es accionista del Grupo Futuro, un conjunto de “empresas líderes” en el país. “Esas son mis fuentes de ingresos, cualquiera puede revisar mi declaración de impuesto a la renta”, añadió el consejero.
Por su parte, tanto Alarcón como Yépez señalan que, luego de los cuestionamientos al exconsejero Pons, es hora de que el resto sean oficializados en sus cargos, ya que “no puede haber funcionarios públicos a medias” en el Gobierno.
Además, destacan que la Contraloría sí podría observar el manejo de los recursos del Ejecutivo. “Ojalá haya alguna observación, debería hacerlo”, indicó Alarcón.
