Recusaciones y pedidos de diferimiento en audiencia por caso sobornos 2012-2016
La Fiscalía notificó que se abstendrá de acusar a dos de los 26 investigados en esta causa. La defensa del expresidente Rafael Correa pidió que la audiencia no se realice hoy.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, suspendió hasta las 11:00 de este 17 de octubre de 2019 la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso denominado sobornos 2012-2016.
En este caso son procesadas 26 personas entre las que se incluye el expresidente, Rafael Correa; el exvicepresidente, Jorge Glas; la exministra del anterior Gobierno, María de los Ángeles Duarte y el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
La suspensión se produjo a raíz de la notificación de la Fiscalía General de Estado, que emitió dictamen abstentivo a favor de Ítalo Centanaro y Francisco Noboa, que también eran investigados por el presunto delito de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Esta llegó la tarde de ayer a los casilleros judiciales de los abogados de los investigados. Pero, según la defensa de Correa, el tiempo era insuficiente para analizar los argumentos aplicados para la abstención. Por eso, el abogado Fausto Jarrín solicitó el diferimiento de la diligencia.
Al pedido se sumaron 16 defensores; mientras que los nueve restantes dijeron que respetarán la decisión de Camacho, que fue dar un plazo de una hora para que se revisen los documentos que sustentan la abstención de la Fiscalía.
Lo que no prospero fue el pedido de diferimiento de la audiencia por una recusación, que también planteó Correa, en contra de la jueza Camacho, quien dijo que la causa todavía no había sido sorteada, tampoco ha sido citada por esta razón, por lo tanto, “sigo siendo la jueza garantista”, señaló.
Además, no se dio paso a la recusación que hizo Mera a la fiscal, Diana Salazar. El exfuncionario pretendía que sea el fiscal Wilson Toainga quien sustente la causa. Sin embargo, Salazar anunció el pedido de Mera fue respondido el 2 de octubre. “La fiscal general en funciones es la que debe conocer esa causa”, manifestó.