Una red opera en el fraude para traer autos usados exonerados de impuestos

El reciente escándalo por la importación fraudulenta de vehículos de lujo para personas con discapacidad no destapa un acto delictivo nuevo. Las autoridades conocen sobre dicha irregularidad y los actores que mueven los hilos en esa trama de corrupción.

Hace un año, EXPRESO denunció sobre la operación de una red internacional que utilizaba la subvaloración de vehículos y la doble importación como mecanismos para lograr ingresar al país automóviles de alta gama. Para esta ilícita actividad se utilizan carnés de discapacidad obtenidos irregularmente en el Ministerio de Salud Pública.

Entre esos casos está el de Daniel Josué Salcedo Bonilla -investigado por una trama de corrupción en hospitales del IESS- y amigos cercanos, quienes tramitaron la importación de vehículos haciendo uso de una credencial de discapacidad emitida por Salud.

Como reseñó este Diario en un reportaje publicado en agosto de 2019, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) había activado las alertas un año antes. La entidad detectó un inusual incremento del 400 % en la internación de autos para personas con discapacidad, que son exonerados de impuestos al comercio exterior. El organismo identificó cómo se fraguaba el ingreso fraudulento de autos al país, en su mayoría procedentes de Miami, Estados Unidos (ver infografía).

Desde el año pasado, en manos de la Fiscalía del Guayas se encuentran los resultados de la investigación sobre esos ilícitos que hizo el Senae con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Se descubrió que desde ese país, intermediarios subfacturan el valor de los vehículos usados, para que su precio sea menor a $ 24.000 (el valor máximo permitido). Después los venden a la persona con discapacidad en el Ecuador a un precio inferior, entregándole una factura real, que es la que se presenta ante la autoridad aduanera.

Según el Senae, en ese presunto delito están involucrados compañías internacionales, personas que pretendieron importar los vehículos y ciudadanos ecuatorianos vinculados a las compañías internacionales, que operan principalmente en Miami. EXPRESO no pudo acceder a sus identidades debido a que el proceso se encuentra en investigación previa.

En 2018 ingresaron al país 1.639 vehículos (nuevos y usados) bajo este régimen, y en 2019 fueron 4.427. En estos dos últimos años, la Aduana rechazó 113 importaciones de autos y ordenó su reembarque, por hallar discrepancias en el valor máximo para acceder al beneficio.

La autoridad aduanera informó a EXPRESO que, asimismo, se presentará una denuncia por presunta defraudación tributaria en contra de Daniel Salcedo y otras dos personas (Karla Denisse Cárdenas Neira y César Nicolae Rodríguez Fontecilla) que figuran en un listado que fue entregado el pasado viernes por parte del Ministerio de Salud. Esa cartera les suspendió el carné de discapacidad por “haberse emitido de forma alejada al procedimiento legalmente establecido”. En esa lista figuran también Josué Salcedo Bonilla (hermano de Salcedo) y Jorge Josué Henríques Aguilera (exjefe de compras de hospital Teodoro Maldonado Carbo).

Los involucrados en la internación fraudulenta de autos de alta gama pertenecen a un mismo círculo de amigos. Cárdenas, exfuncionaria de Compras Públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, es esposa de Rodríguez, quien acompañaba a Salcedo en la avioneta que se siniestró en Perú el pasado 8 de junio.

“Los tres importaron vehículos favoreciéndose de la exoneración y se está solicitando que se ordene a la Policía Nacional la aprehensión de los mismos”, indicó la Aduana.

Salud no respondió a este Diario inquietudes sobre las denunciadas irregularidades en la acreditación de carnés de discapacidad. La entidad, que actualmente tiene en sus registros 384.428 personas con discapacidad calificadas, evitó pronunciarse sobre el caso “al ser un tema de instrucción fiscal y por estar en etapa de investigación”.

• La Ley de Discapacidades establece que la importación de un vehículo para el uso de una persona con discapacidad está exenta del pago de derechos arancelarios. La Aduana exige, entre otros documentos, la factura comercial o el contrato de compra del carro en el país de origen.
• El Senae verifica que el solicitante del beneficio cuente con un carné de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y que se verifique en el sistema informático de esa cartera de Estado. También debe constatar que el valor del vehículo no supere las 60 remuneraciones básicas unificadas ($ 24.000).