Redes usan las identidades de fallecidos para cobrar bonos
Tienen el mismo número de cédula y código dactilar, pero son dos personas diferentes. La segunda es beneficiario de las ayudas. Detrás están mafias
Segundo Robayo Ortega es un beneficiario del bono de desarrollo humano. El problema es que lleva 15 años muerto. Una persona que suplanta su identidad lo ha estado cobrando.
Uno de sus nietos mostró a la Policía la sepultura que Segundo Robayo comparte con su esposa. Está ubicada en el cementerio parroquial de San Miguelito, en Píllaro, al norte de la provincia de Tungurahua. Lo más extraño es que Segundo Robayo, nacido el 22 de noviembre de 1935, aparece con el estatus de “persona viva” ante el Registro Civil, por lo que puede votar, realizar préstamos, comprar bienes, etc.
Por las carreteras del país se ha paseado otro Segundo Robayo. Tiene el mismo número de cédula, pero es nacido el 24 de diciembre de 1955 y es beneficiario del bono del Estado. Así lo detalla la cédula falsa. Lea además: "Un cuartel policial para luchar contra las mafias en el Puerto"
El nieto de Segundo Robayo dice que su abuelo se mantuvo toda la vida de los trabajos que ganaba como albañil. Siempre fue pobre, pero nunca “nadie la ayudó, menos el gobierno”.
Otro caso exactamente igual ocurre en el sur del país, en Macará, una de las urbes más grandes de la provincia de Loja. El 20 de enero de 2023, en ese lugar nació José Lorenzo Rueda. Ante el Registro Civil tiene 100 años de vida. Pero su familia indica que lleva más de una década muerto. De nuevo la misma modalidad: un nombre usa su número de cédula, su mismo código dactilar y tiene los mismos padres. La única diferencia es que el suplantador registra su nacimiento en el cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago, el 26 de diciembre de 1978, indica el Registro de datos de la Policía.
Una víctima más del suplantador es Tomás Marín Yela, nacido en San Lorenzo, en Esmeraldas, el 28 de diciembre de 1953. También está fallecido.
En todos los casos hay elementos que se repiten: quien suplanta la identidad busca personas ancianas, muertas, analfabetas y de escasos recursos económicos. Usando el nombre de ellos recibe mensualmente montos que van desde los 50 a los 150 dólares al mes.
Para el coronel William Calle, quien ha investigado estos casos, indica que se trata de una organización delictiva que opera con ayuda de entidades públicas. “Cómo los sospechosos imprimían estas cédulas, hay muchos datos que coinciden, como fechas de nacimiento, nombres de padres, el código dactilar, por lo que presumimos que de alguna entidad pública debieron pasarles esta información”.
María Roque Andilema, Vicenta Chuqui Choca y Talita del Carmen Sacón son tres mujeres entre los 75 y 88 años cuyas identidades también han sido suplantadas. Todas han fallecido, pero la mujer que utiliza sus datos personales registra haber nacido en 1974. Y ella recibe las ayudas económicas.
Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, reconoce que estas denuncias son recurrentes. Asegura que se trata de organizaciones delictivas, que necesitan del apoyo de los funcionarios públicos para robar datos y para inscribir y ser calificados como beneficiarios de los bonos, pues cada perfil debe ser analizado por técnicos como trabajadores sociales, médicos, etc.
“Nosotros hemos denunciado en la Fiscalía la existencia de estas redes. Pero no han avanzado. Internamente hemos implementado mecanismos para mejorar el control”. Estos mecanismo de control, según el exministro, consisten en bancarizar los pagos, para que las instituciones financieras apliquen mecanismos de debida diligencia para identificar que una persona use una sola identidad.
El detalle
Sistema. Desde 2023, los beneficiarios del bono deben registrar sus datos en www.pagoseguro.inlusion.gob.ec para activar los pagos bancarios.
Montos
Un millonario perjuicio
Según datos del Ministerio de Inclusión Económica Social, en el 2021 se presentaron 10.082 denuncias por irregularidades en los cobros, de las cuales 8.155 se validaron como pagos no justificados, lo que generó un perjuicio de 895.000 dólares. En 2022, las denuncias fueron 11.467, de las cuales 9.804 fueron por pagos injustificados. Esto dejó un perjuicio para el Estado de 913.598 dólares. El MIES tiene más de 1,4 millones de beneficiarios. Entre los casos denunciados, la mayoría es por suplantación de identidades. Alrededor de esto se han identificado mafias y micromafias que tomaban los nombres de ecuatorianos fallecidos, de adultos mayores que no eran registrados para cobrar por ellos. Otra modalidad es la entrega de bonos a personas que son cercanas a partidos políticos.
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