CONSULTA POPULAR 2024
La votación del referéndum y consulta popular fue el 21 de abril de 2024.TOMADO DEL ARCHIVO DEL CNE

Referéndum 2024: Las reformas aprobadas que siguen en espera de ejecución

En abril de 2024, los ecuatorianos se pronunciaron sobre 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa

El 21 de abril de 2024, tan solo seis meses después de las elecciones generales extraordinarias de 2023, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre 11 preguntas de referéndum y consulta popular planteadas por el presidente Daniel Noboa.

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Cinco de las 11 interrogantes correspondían a referéndum, mientras que las seis restantes eran de consulta popular. Entre los temas consultados a los ecuatorianos estuvo permitir la extradición de ecuatorianos, el apoyo militar en la seguridad interna, el aumento de penas, entre otras.

De acuerdo con el boletín oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Sí venció en nueve de las 11 preguntas. Las consultas que no gozaron de apoyo popular fueron las referentes al permitir el arbitraje internacional y el contrato laboral por horas.

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Los resultados del referéndum y consulta popular de abril de 2024 fueron finalmente publicados en el Registro Oficial en mayo de 2024. Con ello, las preguntas aprobados entraron en vigor, aunque algunas requerían de un tratamiento previo de la Asamblea Nacional y otras procesos para su ejecución.

La extradición, el apoyo militar y las judicaturas especializadas, con pendientes

De acuerdo con el constitucionalista y experto electoral, Esteban Ron, con la publicación de los resultados del referéndum y consulta popular en el Registro Oficial ya entró en vigencia todas las reformas consultadas y aprobadas por los ecuatorianos.

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Sin embargo, precisa que algunas de los preguntas del referéndum aprobadas requieren de otros procesos para ser ejecutadas. En especial, la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, una de las reformas que menos han avanzado desde la publicación de resultados.

En el caso de la extradición de ecuatorianos, por ejemplo, dice que para la correcta operativización de la misma se requiere de tratados internacionales con cada país. Sin esta figura, difícilmente el Estado podrá aplicarla.

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Por otra parte, recuerda que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, aunque ya se ejecuta, requiere de un reglamento que establezca los limites de dicho apoyo. Normativa que está a cargo del Ejecutivo y que debe estar alineado al dictamen de la Corte Constitucional.

Del mismo modo, la implementación de las judicaturas especializadas en materia constitucional, según la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, avanza lento. Aunque la pregunta otorga un año a la entidad para su creación y la contratación vía concurso público de más jueces, este proceso no arranca. La Judicatura tiene plazo hasta mayo de 2025.

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Carlos Vera Mora presidió la comisión ocasiona que tramitó las preguntas aprobadas de la consulta popular del 21 de abril de 2024.GUSTAVO GUAMÁN

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Tras la aprobación de las preguntas de consulta popular, la Asamblea Nacional creó una comisión ocasional, liderada por el socialcristiano Carlos Vera Mora para tratar tres proyectos de reforma al Código Integral Penal (COIP) y uno sobre la Ley de Extinción de Dominio.

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En julio de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió aprobar la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024. Con su publicación en el Registro Oficial, estos cambios derivados de la consulta ya entraron en vigencia.

El proyecto contiene 24 artículos, dos disposiciones transitorias y una derogatoria. El texto presentado en el debate no tuvo mayores cambios a pesar de los cuestionamientos sobre el incremento de penas por la falta de proporcionalidad entre delito y pena.

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Sí se modificó el artículo 7 que se relaciona a la actividad ilícita de recursos mineros. Se incluyó que en caso de la minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años, salvo que se demuestre que la actividad artesanal minera es lícita para lo cual deberá justificar el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente.

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