Una reforma a la Constitución tibia para combatir al crimen

Una reforma parcial a la Constitución de la República para modificar el artículo 158 busca sumar labores a los miembros de las Fuerzas Armadas del país. El presidente Guillermo Lasso, haciendo frente a la ola de criminalidad que vive el país, entregó este miércoles 7 de diciembre a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma para que los militares puedan brindar ayuda a la Policía Nacional en temas relacionados a la seguridad interna del país sin la necesidad de un decreto de estado de excepción de por medio.

Para el experto en seguridad y general en servicio pasivo de la Policía, Abraham Correa, la decisión del Ejecutivo no es acertada, puesto que lo único que se logrará -en caso de que el proyecto sea aprobado por el legislativo- es que ya no se deba emitir un decreto ejecutivo para que las FF.AA. puedan trabajar en temas de seguridad ciudadana.

“La actual normativa establece que las Fuerzas Armadas deberán brindar apoyo a la policía cuando este lo requiera, y lo hemos visto en momentos álgidos que se han vivido, como las protestas. Se logra el control y se retiran a sus actividades específicas. Es decir, ya ocurre, no hay nada extraordinario en lo presentado, cuidado la gente se confunde”, explica el experto en temas de seguridad.

El proyecto tiene tres artículos y básicamente pide que al artículo 158 se le agregue un párrafo: “Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”. 

Patricio Carrillo, exministro del Interior dentro del gobierno de Guillermo Lasso, también cuestiona la decisión de presentar un proyecto de reforma constitucional, puesto que no brinda una solución integral para eliminar las bandas criminales que tienen en zozobra al país. Sobre todo, porque el trabajo entre ambas instituciones se ha mantenido latente este año.

“Están en el mejor momento entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional haciendo su trabajo articulado. Lo que yo no miro es el actuar del resto de instituciones, porque al final, militarizando las calles solo se va a tener un impacto temporal. Lo que se necesita es una política real de participación del Estado y allí entra mi preocupación porque no encuentro el mapa conceptual en la justicia ni en el legislativo para dicha construcción de una política criminal”, dice Carrillo.

El proyecto fue entregado por Lasso en las manos de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, bajo el encargo de que sea tratado con urgencia y se dejen de lado las banderas políticas. En ese sentido, Saquicela explicó que, según la ley, debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y pasa a la Comisión de Enmiendas. Luego, en un plazo de 15 a 60 días, se emitirá un informe para primer debate y posterior un plazo no menos de 90 días se realizará el segundo debate.

Si el pleno del legislativo aprueba la reforma con mínimo 91 votos a favor, el CNE convocará a referéndum dentro de los 45 días posteriores.