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Ciudadano realizando un trámite en el Registro Civil en Quito.Ivonne Mantilla

Registro Civil denuncia supuesto ciberataque a su agencia virtual

La entidad explicó que hubo ataques a su plataforma en línea días atrás, lo que impidió el acceso a usuarios

Este martes 28 de enero, la Dirección del Registro Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Pichincha por el presunto delito de ataque a la integridad de los sistemas informáticos tras registrarse un "ciberataque volumétrico" a su plataforma virtual y página web.

Según la institución, dicho ataque afectó el acceso al servicio en línea en esa plataforma, sobre todo con los sistemas relacionados al agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes. Sin embargo, señaló que las páginas ya están habilitadas nuevamente, este miércoles 29 de enero.

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"Este comportamiento inusual se registró días atrás desde IP provenientes de distintos países: entre ellos Brasil, México y Colombia, lo que generó miles de peticiones simultáneas y derivó en intermitencias de los servicios en línea", expuso la entidad en un boletín.

Según el Registro Civil, la denuncia que presentaron permite que se investiguen los hechos, sancionados en el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) "para determinar responsabilidades de los autores y cómplices de este presunto delito".

La cédula es el documento habilitado para votar.

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La entidad pública agregó que este delito se agrava "cuando el ataque se lo realiza a sistemas que brindan atención a servicios públicos".

Quejas por problemas en los agendamientos de turnos para cédulas y pasaportes

Como lo ha publicado EXPRESO en los últimos días, decenas de ciudadanos se quejan por la falta de turnos de agendamiento para obtener pasaporte y cédula. La espera para este trámite puede durar más de tres meses en la mayoría de casos.

Usuarios han denuncian la presencia de tramitadores, quienes pueden agilizar el agendamiento de turnos tras cobrar sumas que ascienden a 500 dólares incluso.

La ciudadanía exige que se desarrolle una intervención en esta entidad pública para que los procesos sean ágiles, y que los tramitadores sean sancionados.

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